“Como grandes empleadores en el estado, estamos gravemente preocupados de que cualquier legislación de este tipo pudiera empañar profundamente la reputación de Texas como una entidad abierta y amistosa para las empresas y las familias", señalaron los presidentes y directores ejecutivos de las compañías en una carta enviada al gobernador el pasado 27 de mayo.
"Nuestra capacidad para atraer, y retener a los mejores talentos, fomentar la reubicación de nuevos negocios, las expansiones y las inversiones, y mantener nuestra competitividad económica se verían negativamente afectados”, indicaron.
"La discriminación es errónea y no tiene lugar en Texas ni en ningún otro lugar de nuestro país. Instamos firmemente a usted y a la legislatura de Texas a no seguir procurando este tipo de ley", apuntaron.
La carta, no se ha hecho pública, pero un copia fue enviada al periódico The Dallas Morning News, quien dio a conocer su contenido este lunes.
La carta esta firmada por los presidentes y directores generales de Facebook, Mark Zuckerberg; de Apple, Tim Cook; de Amazon Jeff Wilke; de IBM Ginni Rometty; de Google, Sundar Pichai, y de Microsoft Corp. Brad Smith.
Los directores de Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Cisco, Silicon Labs, Celanese Corporation, GSD & M, Salesforce y Gearbox Software también firmaron la carta.´
La misiva es motivada por la promulgación por parte de Abbott, el pasado 7 de mayo de la ley estatal SB 4.
La legislación, que entrara en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, permitirá a los agentes de policía el poder preguntar acerca del estatus migratorio a toda persona que haya sido detenida por cualquier motivo, incluyendo las rutinarias paradas de trafico.
La ley, prohíbe que los gobiernos locales adopten políticas consideradas santuario para los inmigrantes indocumentados, al impedirles el negarse a acatar las leyes de inmigración.
Bajo el estatuto, los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración, podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.
La legislación también castiga a los sheriffs, policías y jefes de policía por no cooperar con las autoridades federales y honrar las solicitudes de detención de los agentes de inmigración para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanos sujetos a la deportación.
Le ley contempla imponer sanciones de hasta 25,000 dólares por día a las jurisdicciones que violen sus disposiciones.