En una petición presentada ante el Consejo Nacional de Relaciones Laborales (CNRL), UAW acusó al fabricante alemán de despedir a trabajadores por sus actividades sindicales y montar una campaña que impidió a sus empleados promover el voto en favor de la sindicación.
En febrero, una mayoría de los trabajadores de la planta de Tuscaloosa, en Alabama, firmaron los formularios para solicitar una votación en la que se decidiría la sindicación.
El 17 de mayo, tras varios días de votaciones, la sindicación de la planta de Mercedes-Benz fue rechazada por el 56 % de los votos (unas 2.642 personas).
La planta de Tuscaloosa, donde trabajan unas 6.000 personas, produce todocaminos (SUV) convencionales GL, GLE cupé y GLS, así como los nuevos eléctricos EQS y EQE.
Tanto la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, como Mercedes-Benz se opusieron públicamente a que esos trabajadores se uniesen a UAW.
Ivey publicó un comunicado junto con otros gobernadores de estados sureños, que siempre se han opuesto a la representación sindical, en el que aseguró que los puestos de trabajo estaban en peligro si los empleados se unían a UAW.
Por su parte UAW denunció en varias ocasiones las presiones y maniobras de Mercedes-Benz para evitar que los trabajadores de Tuscaloosa se uniesen al sindicato.
El 16 de mayo, UAW anunció que el Gobierno alemán había iniciado una investigación contra Mercedes-Benz por "la ilegal conducta antisindical" de la compañía en Tuscaloosa.
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