“De los procedimientos aplicados y la evidencia documental obtenida, no se acreditaron conflictos de interés, se documentó que los intervinientes en las operaciones previas no tuvieron conocimiento de la instalación de la empresa armadora antes del anuncio oficial realizado por el Presidente de la República y que dichas operaciones se realizaron atendiendo a un fin distinto”.
Así lo ditaminó la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y este fue avalado por cuatro de los cinco diputados de la Comisión de Hacienda, tres del PAN y uno del PRD, con el voto en contra de la diputada del PRI, Guadalupe Velázquez, quien argumento falta de información para respaldar el sentido de las responsabilidades fincadas. “Estamos totalmente en contra de lo de Toyota”, afirmó.
La aprobación definitiva se realizará el jueves frente al pleno. Esta auditoría fue ordenada por el Congreso del Estado el 17 de junio para revisar las operaciones para la compra de los terrenos regalados a Toyota. Esta solicitud la hizo el gobernador, Miguel Márquez Márquez, luego de que medios de comunicación revelaran que la empresa regiomontana JAOS & SGB compró 259.5 hectáreas en 260 millones de pesos, mismas que revendió al gobierno del estado en 463 millones de pesos, obteniendo ganancias superiores a los 200 millones de pesos.
El informe de resultados de la auditoría, detalla que respecto a la transmisión de los inmuebles a la empresa Toyota, se verificó que existe autorización de desafectación por el Congreso del Estado mediante decreto número 9 del 19 de noviembre de 2015.
Que los ingresos se encuentran registrados contablemente de acuerdo a su naturaleza, que existe autorización de Comol (Comisión Oliver, formada para darle seguimiento a la compra de las tierras, integrada por varios secretarios de Estado) para la enajenación y que se realizó escritura pública para su formalización, de los cuales se constató que se apegaron a la normatividad aplicable.
Respecto al proceso de consolidación de la reserva territorial y compromisos con Toyota, se verificó que gobierno del estado haya cumplido con los plazos establecidos por la empresa para la transmisión de los inmuebles. A efecto de identificar posibles conflictos de interés y descartar que las operaciones de adquisición en el polígono realizadas con antelación a la definición del proyecto ‘Oliver’ se hayan realizado con motivo de la instalación de la misma.
Y que se realizaron compulsas con funcionarios del ente fiscalizado y las personas físicas y morales que intervinieron en el proceso de planeación, programación y ejecución del proyecto, así como entre éstos y los particulares con quienes se realizaron operaciones inmobiliarias previas dentro del polígono.
El informe de resultados de la revisión señala que respecto a la obtención a través de expropiación federal y de compra venta directa, no se observó incumplimiento alguno a la normatividad.