El presidente de la VZBV, Klaus Müller, explicó en rueda de prensa en Berlín que la querella, presentada ante la Audiencia de Stuttgart, pretende arrojar luz desde el punto de vista legal sobre este escándalo, que se destapó en 2015 en el grupo Volkswagen pero en el que se han visto desde entonces implicados distintos fabricantes.
La iniciativa pretende que la Justicia decida si efectivamente Daimler empleó una estrategia ilegal para el control de las emisiones contaminantes o si, como defiende la empresa desde el primer momento, el mecanismo instalado en sus vehículos estaba autorizado.
La Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA) obligó a Daimler a llamar a talleres a 254,000 vehículos de Mercedes-Benz con motores diésel en Alemania para subsanar esta cuestión, algo que el fabricante hizo, aunque sin reconocer una manipulación consciente.
"Pese a la llamada a talleres ordenada por las autoridades Daimler niega hasta hoy haber manipulado a propósito los valores de emisiones de sus vehículos", apuntó Müller.
La denuncia colectiva de la VZBV se centra en concreto en el motor OM651 de Mercedes, incorporado a unos 50,000 vehículos de los modelos GLC y GLK.
La VZBV ha dado ahora este paso para evitar que prescriba el posible delito, ya que los vehículos afectados fueron llamados a talleres en 2018.
Con la denuncia se abre la puerta a que los propietarios de vehículos de Mercedes que se sumen puedan posteriormente reclamar daños al fabricante si la Justicia le da ahora la razón a la VZBV.
Esta denuncia colectiva tiene precedentes porque la VZBV presentó ya una querella similar en 2018 contra Volkswagen. Finalmente se alcanzó un acuerdo a principios de 2020 por el que el fabricante pagó entre 1,350 y 6,250 euros a unos 245,000 clientes en Alemania que aceptaron las condiciones.
El Tribunal Supremo alemán había fallado previamente que Volkswagen estaba obligado a compensar a los afectados, porque algunos probablemente no hubiesen comprado esos vehículos de saber el nivel real de emisiones contaminantes.
La VZBV estima que Daimler, igual que sucedió con Volkswagen, instaló en sus motores diésel un "software" ilegal que hacía que sus motores emitiesen por debajo de los límites, pero sólo cuando se encontraban en un banco de pruebas. En carretera la contaminación era mucho mayor.
Este "software" desconectaba los filtros del tubo de escape en muchas más ocasiones de lo legalmente permitido. Esto lograba una mayor potencia en los vehículos, pero con un mayor coste medioambiental.