En un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores, la compañía aseguró que apelará la decisión judicial, que, sostuvo, "ignora por completo el marco normativo que rige el Programa de Propiedad Participada y la jurisprudencia de la Corte Suprema" argentina.
El pasado miércoles, el juez Oscar Valentinuzzi dispuso que la venta de las acciones de YPF quedase en suspenso hasta que se resuelva la demanda iniciada por un integrante de la Federación de Ex Trabajadores de YPF, que reúne a unos 25,000 exempleados de la compañía que piden ser reconocidos como accionistas.
El abogado de la federación, Rubén Leto, explicó a Efe que el juez atendió una medida cautelar solicitada por un miembro de ese colectivo, que actúa como parte en la causa judicial iniciada en diciembre pasado.
Según el letrado, la resolución judicial impide asimismo "cualquier otra transacción bursátil, como sesiones o transferencias de las acciones".
El juez de la ciudad argentina de Bell Ville ordenó además comunicar la suspensión de venta a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) y a la Comisión Nacional de Valores de Argentina.
El pasado 25 de noviembre Repsol había registrado ante la SEC una solicitud para vender hasta un 15 por ciento de su participación mayoritaria en YPF.
En diciembre último la Federación de Ex Trabajadores presentó una denuncia contra Repsol e YPF ante el regulador del mercado estadounidense por supuesto fraude y por supuestamente ocultar a sus accionistas e inversores la petición de los exempleados.
La federación dijo que las reclamaciones económicas de sus miembros ascienden a 3,000 millones de dólares.
Según alegan los demandantes, en 1990 se estableció que un 10 por ciento de las acciones de YPF quedara en manos de los trabajadores a través de un Programa de Propiedad Participada (PPP), por lo que los empleados pasaron a ser titulares de 35.300,000 acciones de clase C de la compañía.
Pero en 1997, de acuerdo a los querellantes, el Estado argentino y el directorio de YPF pusieron en venta las acciones clase C sin la autorización de los trabajadores, decisión que quedó plasmada en un decreto del entonces presidente Carlos Menem y que en 2001 fue declarado inconstitucional e invalidado por la Corte Suprema.
Sin embargo, fuentes de YPF consultadas por Efe señalaron que ese mismo fallo del Supremo determinó que la petrolera "no tiene ninguna responsabilidad en relación con la demanda de los ex empleados" y considera al Estado nacional "el único responsable".
Recordaron que esa decisión de la Corte "sentó jurisprudencia" por lo que afirmaron no estar preocupados.
Repsol adquirió el 98 por ciento del paquete accionarial de la mayor petrolera argentina en 1999.
En octubre de 2002 el Estado argentino promulgó una ley para indemnizar a 32,000 ex trabajadores de YPF con bonos por un total de 100 millones de dólares, muy por debajo del monto reclamado por los demandantes.
De acuerdo con la demanda, en febrero de 2007 el directorio de YPF, controlado por Repsol, autorizó la venta de las acciones Clase C remanentes que no habían podido venderse por las sucesivas demandas judiciales.
Los demandantes también cuestionan que en 2008 Repsol vendiera una participación del 14.9 por ciento en YPF al grupo argentino Petersen (familia Eskenazi) sin el visto bueno de los ex trabajadores que se consideran legítimos accionistas de la petrolera.