La petrolera presentó hoy sus descargos ante los gobiernos de la provincias de Mendoza (oeste) y Neuquén (suroeste), confirmaron a Efe fuentes de la compañía.
Ambas provincias anunciarán esta semana si retiran licencias a la empresa en varias áreas de producción por supuesta falta de inversión.
"Compartimos con la Nación la necesidad de un cambio: el que no invierte, revierte. Es necesario invertir", afirmó hoy el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, en declaraciones a medios locales.
Los argumentos de Mendoza y Neuquén son los mismos que utilizaron la pasada semana los gobiernos de las provincias patagónicas de Chubut y Santa Cruz, dos de las mayores petroleras del país, para retirar licencias a YPF en cuatro áreas que producían cerca del 7 por ciento del petróleo de la empresa en Argentina.
En esta ocasión, según fuentes del sector consultadas por Efe, las áreas en cuestión en Mendoza y Neuquén no tendrían mucho efecto sobre la producción, aunque la retirada de los permisos tendría una alta carga política y se enmarcaría en la embestida del gobierno de Cristina Fernández contra la petrolera.
Las áreas afectadas en Mendoza representan apenas el 0.06 por ciento de la producción total de crudo y gas de YPF en Argentina, mientras que los yacimientos en cuestión en Neuquén no registran producción en este momento.
Paralelamente, las fuentes indicaron que la compañía trabaja en la respuesta que trasladará al Gobierno en la reunión de directorio de YPF prevista para el miércoles próximo.
En la última reunión del directorio, el representante del Estado en el consejo, Roberto Baratta, se opuso a la aprobación de las cuentas de 2011 y reclamó la creación de una reserva de inversiones para exploración y explotación de hidrocarburos.
"Todas las compañías petroleras del país, sin distinción, tienen que saber que es decisión del gobierno argentino mantener la competitividad de la economía y volver al autoabastecimiento de combustible. Para eso deben invertir en exploración y explotación. Es lo único que deben saber", advirtió el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en declaraciones publicadas hoy por el diario Ámbito Financiero.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández, que mantenía una estrecha relación con la familia Eskenazi, propietarios del grupo Petersen -que controlan el 25.46 por ciento de YPF-, inició el pasado diciembre una escalada contra la petrolera, a la que acusa de falta de inversión.
Para la senadora opositora María Eugenia Estenssoro, hija de uno de los expresidentes de YPF, el conflicto se debe a una "pelea entre socios", dado que Fernández y su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner, tenían buenas relaciones tanto con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, como con los Eskenazi.
El problema de fondo, dijo a Efe, radica en que Argentina afronta una crisis energética.
"Somos un país que se autoabastecía y ahora necesitamos comprar porque no se han hecho las inversiones necesarias, con YPF a la cabeza, pero no ha sido la única empresa", dijo Estenssoro.
"Hay que obligar a las empresas a invertir", insistió Estenssoro, que consideró que el gobierno "está en una situación límite porque perdimos el autoabastecimiento y las importaciones de energía crecieron 20 veces desde 2003".
A su juicio, la nacionalización de la compañía no es una salida viable porque "no va a hacer que Argentina recupere el autoabastecimiento. Hay otras vías, como obligar a YPF y al resto de las petroleras a hacer inversiones extraordinarias y a cambiar la política energética".
YPF, en la que Repsol tiene el 57.43 por ciento de las acciones, es el mayor productor de hidrocarburos de Argentina, el mayor contribuyente fiscal y uno de los principales empleadores, con una plantilla de 13,500 trabajadores.
Según datos de la compañía, en 2011 realizó inversiones récord, principalmente en exploración y producción, por unos 3,000 millones de dólares, 50 por ciento más que en el 2010.