El proyecto de presupuesto 2020 "refleja la continuidad y profundización de una política pública que prioriza la explotación de hidrocarburos como fuente de energía y de ingresos públicos", señalaron las ONG en un comunicado.
El destinar 683,600 millones de pesos (35,237 millones de dólares) se contrapone con los objetivos de política ambiental, dijeron una decena de organizaciones, entre ellas la Alianza Mexicana contra el Fracking, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace.
El aumento de recursos tiene como objetivo elevar la producción petrolera de los actuales 1.697 millones de barriles diarios hasta 1.951 millones de barriles al día para 2020.
Señalaron que la Secretaría de Energía (Sener) recibiría en 2020 un presupuesto de 48,500 millones de pesos (2,500 millones de dólares) -el 72 por ciento más que en 2019- de los que el 95.7 por ciento se destinará a temas de petróleo y gas natural.
De este monto 41,300 millones de pesos (2,128 millones de dólares) irán a la nueva refinería de Dos Bocas, que se construye en el suroriental estado de Tabasco.
A Petróleos Mexicanos (Pemex) se le asignan 290,700 millones de pesos (14,984 millones de dólares) para los Programas y Proyectos de Inversión, cantidad que irá directamente a las "inversiones sucias en combustibles fósiles, causantes de la crisis climática", denunciaron las organizaciones.
Entre dichos proyectos se encuentra el apoyo para explotar gas y petróleo mediante fracking, el cuál tendrá una partida de 10,800 millones de pesos (556 millones de dólares), que los ambientalistas tildaron de alarmante por su impacto ambiental.
"Es una contradicción con los anuncios realizados por el presidente (Andrés Manuel López Obrador), quien ha señalado en diversas ocasiones desde el mismo día de su investidura que el fracking no se realizará en México", señalaron en un comunicado.
Criticaron que de los 55,600 millones de pesos (2,865 millones de dólares) asignados al Anexo Transversal para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, el 73 por ciento se destine al transporte de gas natural a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
"Es un error delicado destinar recursos que podrían ser utilizados para reducir la vulnerabilidad del país y para atender la crisis climática a una actividad que más bien la agrava", indicaron las ONG.
En ese sentido, instaron al gobierno en turno a tomar "acciones radicales" que permitan dirigir al país hacia una verdadera transición "con un modelo genuinamente sostenible" que garantice a generaciones futuras el derecho a un medio ambiente sano, contemplado en el artículo cuarto constitucional.