"No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no les vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada, nada más les decimos ustedes se quedan en esta parte", apuntó la funcionaria.
Nahle, quien participó en la reunión plenaria de los senadores del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), recordó que la reforma energética plantea que el 46 % del mercado se les va a dar a todos los privados que ya están en México.
"Una participación muy importante para que ellos ahí, en un libre mercado justo, justo, participen entre ellos", aseveró.
Nahle recordó que en 2013 se extendieron los permisos de autoabasto para que grandes fábricas produjeran su electricidad.
Sin embargo, afirmó, esto decayó en una práctica ilegal, creando un mercado paralelo "donde estos permisionarios simularon tener socios (socios de un dólar) y empezaron a vender electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE e incurriendo en fraude fiscal, (lo cual) es una actividad ilegal".
Además, afirmó que las sociedades de autoabasto, como Oxxo, Femsa, entre otras, no cubren el costo real del transporte (porteo), se interconectan en la red creando inestabilidad en el sistema, captando incentivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La funcionaria recalcó que la reforma tiene el objetivo de fortalecer a la CFE y que "conviene a los mexicanos".
Asimismo, rechazó que la reforma esté en contra de las energías limpias "es un absurdo, es una mentira".
"Lo que nosotros sí queremos es un adecuado balance energético porque, encontramos un sistema eléctrico y un sistema de combustibles con un desbalance terrible; y lo primero que hace cualquier país es hacer su balance", precisó.
Además, afirmó que esta reforma no viola el tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pues "el artículo 8 del tratado se reserva el sector energético de México para hacer los cambios constitucionales que se requiera a ello".
El presidente de México busca que se apruebe una reforma constitucional que limitaría al 46 % la participación privada en generación eléctrica, eliminaría los reguladores autónomos de energía, cancelaría todos los contratos de autoabastecimiento, y priorizaría el despacho de las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados.
La reforma, que deberá ser aprobada por dos tercios de los legisladores, ha causado una enorme controversia entre empresarios y analistas.