“Dada la falta de experiencia del gobierno (y de Pemex) en la construcción de refinerías, es probable que el proyecto termine costando más y tome más tiempo de lo que anticipa el gobierno, lo que crea mayores presiones sobre los recursos fiscales”.
El pasado 9 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció inesperadamente la finalización de las licitaciones privadas para el proyecto de refinería insignia de su administración.
En cambio, el gobierno planea construir la propia refinería, que comenzaría el 2 de junio próximo y concluiría en mayo de 2022, el cual será administrado conjuntamente por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía (Sener).
En un análisis, la calificadora internacional señaló que algunos observadores vieron el anuncio del gobierno mexicano de declarar desierta la licitación internacional para desarrollar la refinería en Dos Bocas, Tabasco, como un medio para demorar y finalmente dejar de lado el proyecto.
Pese a ello, afirmó, genera mayor preocupación sobre la previsibilidad de las decisiones de política del gobierno, especialmente después de la cancelación del proyecto del aeropuerto en octubre pasado, y sobre las consecuencias para la confianza de los inversionistas, una deuda razonable y el crecimiento.
"Nuestro supuesto base asume que el proyecto podría terminar costando más de los 10,000 a 12,000 millones de dólares sugeridos por las licitaciones, dado el limitado conocimiento del gobierno en la construcción de refinerías”.
Con el tiempo, esto llevará a una mayor sangría de recursos fiscales, dado que Pemex ya necesita apoyo soberano para estabilizar sus finanzas, por lo cual el costo de la construcción de la refinería sería adicional para su situación financiera.
La calificadora estimó que si no se invierte adecuadamente en el mantenimiento, surgen dudas sobre el compromiso y la capacidad de Pemex para construir la refinería.
En su opinión, en escenario alternativo en el que el proyecto no se completa debido a su complejidad técnica y la incapacidad del gobierno para ejecutarlo, también podría darse.
Bajo este escenario, el dinero gastado sería montos simbólicos asociados principalmente con los honorarios de consultoría, el trabajo de preparación y otros gastos, con un gasto real total muy inferior a la cifra de ocho mil millones de dólares estimado por el gobierno.
Si bien no es tan costoso, este resultado debilitaría aún más las percepciones sobre la calidad de las políticas bajo la administración actual. Ambos resultados parecen igualmente probables dada la incertidumbre prevaleciente.
Señaló que la promesa del gobierno de mantener la responsabilidad fiscal aparece cada vez más en tensión con la ambiciosa agenda de gastos sociales y de infraestructura, incluido este caso.
Ello, como resultado de las consecuencias fiscales de su decisión de revertir las políticas de reforma energética de la administración anterior y reorientar la estrategia de Pemex, por ejemplo, profundizando el negocio de la refinería.
Moody’s anticipó que las consecuencias para el perfil crediticio de México dependerán en parte de si continúa socavando la confianza del mercado, frenando aún más la inversión ya deprimida y pesando sobre las perspectivas económicas de México.