En ese informe, OHL España decidió pasar por alto lo que la CNBV notificó formalmente a OHL México el 23 de octubre de 2015, en el sentido de que ni OHL México ni sus subsidiarias tienen un “derecho incondicional de cobro de dinero” frente al Estado de México, y afirmó (ignorando a la CNBV) que:
“El Grupo a finales del ejercicio 2015 decidió presentar las sociedades concesionarias con cláusula de rentabilidad garantizada, en las que existe un derecho incondicional de cobro en efectivo, bajo el modelo de activo financiero y este sentido ha procedido a re expresar la información correspondiente a marzo 2016, homogeneizándola con estos nuevos criterios”.
En buen español: la CNBV le dice a OHL México que “no” tiene un derecho incondicional de cobro de dinero frente al Estado de México, y OHL España dice que OHL México y sus subsidiarias “sí” tienen ese derecho y decide reflejarlo de esa manera en su informe de resultados al primer trimestre de 2016.
El problema es que la CNMV (España) conoce la determinación de la CNBV y sabe que esta afirmación de OHL España es falsa y que induce al público inversionista a pensar que el “falso” activo denominado “rentabilidad garantizada” de OHL México, es deuda pública a cargo del Estado de México. Y no lo es. No puede serlo, porque lo prohíbe la Constitución Mexicana. Nada más.
Bajo las leyes mexicanas aplicables, la difusión pública de esta afirmación falsa, aunque haya sido realizada en España, es un acto probablemente constitutivo de uno o varios delitos previstos en la Ley del Mercado de Valores, que en breve denunciaremos ante las autoridades competentes. En este sentido, no debe olvidarse que existen consejeros comunes a OHL España y OHL México (entre los que destaca el señor Juan Osuna), con una responsabilidad evidente en este asunto.
Finalmente, Infraiber aclara que no ha presentado “todavía” denuncia alguna ante la Fiscalía Anticorrupción Española en relación con los numerosos y evidentes actos de corrupción de OHL en México, ni le ha proporcionado a dicha Fiscalía información y/o documentación de ninguna especie. Pronto lo hará.
Según lo que han publicado sobre el tema diversos medios de comunicación españoles, es posible que la Procuraduría General de la República (México) hubiera presentado información falsa o incorrecta a la Fiscalía Anticorrupción Española, con base en la cual esta última decidió archivar “provisionalmente” el expediente de investigación abierto en relación con posibles actos de corrupción en México.
Infraiber ha solicitado ya una explicación a la Procuraduría, de la que informará oportunamente al público.
Sería lamentable que el Estado Mexicano hubiera sido puesto (una vez más) al servicio de intereses ajenos y contrarios al interés nacional.