Al participar en la penúltima de cinco reuniones previstas por las Comisiones Unidas de Haciendas y Crédito Público y de Energía de la Cámara de Diputados, destacó que con la reforma aumentará la infraestructura de ductos.
Así como la producción de gas natural y se podrá sustituir el combustóleo en la generación de energía eléctrica.
Se plantea un plan nacional de contingencia que responderá ante cualquier accidente contra el medio ambiente y la salud de los trabajadores, agregó Ochoa Zúñiga.
Externó también que la legislación considera mecanismos contra la corrupción, mediante ronda de licitaciones públicas, revelación de información y la difusión de ingresos públicos de contratos y asignaciones.
En su oportunidad, el secretario de Finanzas capitalino, Amador Zamora, señaló que las 32 entidades federativas podrían resultar afectadas en sus participaciones federales, debido al modelo de recaudación que se propone en las leyes secundarias.
Precisó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) obtendrá de Pemex y de empresas privadas recursos fiscales mediante asignaciones y contratos, respectivamente.
“Es precisamente en los contratos con empresas privadas donde podría existir riesgo de disminución para la Recaudación Federal Participable (RFP)”, advirtió el funcionario local.
En tanto, el asesor Hellmund López opinó que las leyes reglamentarias no le otorgarán independencia presupuestal a Petróleos Mexicanos (Pemex) ni a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En tanto, los diputados federales de diversas fuerzas políticas representados en las Comisiones Unidas, hicieron cuestionamientos y pidieron a los invitados explicaran su punto de vista y también expusieron sus consideraciones a estas legislaciones.
El diputado del PRI, Javier Filiberto Guevara González, consideró que la reglamentación en materia energética debe garantizar la coordinación dentro de los tres niveles del gobierno para permitir el fomento de inversión y garantizar la competitividad.
Además de definir con precisión las facultades de cada uno de los órganos del Estado con intervención en el sector energético, para evitar duplicidad.
Indicó a expertos y funcionarios que estas leyes también debe establecer lineamientos sobre la compra y expropiación de tierras indispensables para el adecuado funcionamiento del sector energético y contemplar reformas a la Ley Agraria.
De esta manera, agregó, evitar bloquear proyectos o del tiempo o licencias, garantizando precios justos y razonables para los propietarios.
El panista Juan Bueno Torio, declaró antes de anunciar que legisladores de su partido se retiraban de este análisis, que su instituto político no acompañará las leyes secundarias de la reforma energética si persiste el apartado sobre las expropiaciones de predios y manifestó su rechazo al régimen fiscal propuesto para Petróleos Mexicanos (Pemex).
Anunció que los diputados de su partido se retiran de la discusión de las leyes reglamentarias en materia energética, en rechazo a la modificación de la Ley General de Partidos Políticos en materia de coaliciones.
La reunión de trabajo continuó y al intervenir la diputada perredista Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, indicó que con la reforma energética y sus leyes reglamentarias se cambia el modelo de exploración y extracción de hidrocarburos.
Preguntó a los funcionarios, industriales y asesores invitados cuándo se podría esperar en la producción del petróleo y gas a partir de la reforma energética, y si existe un estudio confiable que certifique las reservas de gas Shell en el país.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) manifestó su preocupación respecto a los efectos sobre el medio ambiente que tendrá la extracción de gas natural mediante fracking, o fracturación hidráulica.
Asimismo afirmó, “el sector petrolero no puede estar por encima de los cuidados del medio ambiente”.
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, señaló que con la reforma energética y su reglamentación no habrá reducción inmediata de tarifas eléctricas ni de la gasolina, tampoco de gas, además de que se pone en riesgo la propiedad social y privada, con “expropiaciones de facto”.
Preguntó a los expertos si es viable establecer un porcentaje mínimo de ingresos para el Estado en contratos, recursos que deberían llegar de manera obligada al fisco y si es factible crear una nueva empresa productiva del Estado, adicional a Pemex, que no tenga los pasivos históricos de la paraestatal.
La diputada de Nueva Alianza, María Sanjuana Cerda, pidió a los invitados que explicaran cuál sería la mejor forma de otorgar contratos a la inversión privada sin “descapitalizar los ingresos del país” y si en su opinión, considerarían importante mantener el actual esquema de asignaciones en Pemex.
Solicitó que señalaran si las facultades que se otorgan a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía en la reglamentación energética garantizarán un manejo conforme a derecho de la explotación de recursos energéticos
Es de recordar que de los nueve paquetes que concentran 21 iniciativas de leyes secundarias, tres que se relacionan con temas de presupuesto y fiscales se analizan en San Lázaro y el resto en el Senado de la República.