El laudo, emitido por un panel de tres expertos del Tribunal de Arbitraje de La Haya, ordena a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial "tomar todas las medidas necesarias" para suspender la sentencia dentro y fuera de Ecuador.
Chevron llevó el caso al Tribunal de La Haya en base al Tratado Bilateral de Inversiones entre Quito y Washington, y esa corte arbitral ya obligó en 2011 a Ecuador a detener la ejecución de la sentencia hasta un nuevo aviso suyo.
Hewitt Patet, vicepresidente de la compañía, celebró la decisión en un comunicado, en el que dijo que Chevron está abierto a un "diálogo constructivo" con el gobierno de Ecuador, al tiempo que rechazó "los reclamos fraudulentos y la conducta indebida de los corruptos abogados estadounidenses de los demandantes".
Esos letrados afirmaron hoy en su propio comunicado que el laudo "viola el derecho internacional y tendrá escaso o ningún impacto" en la posible aplicación de la sentencia en cualquier lugar del mundo.
La Procuraduría General del Estado (PGE) ecuatoriano explicó en un comunicado que el tribunal también ordenó a Chevron hacer un depósito de 50 millones de dólares que servirá como garantía a Ecuador por los costos que el país "pueda sufrir en cumplimiento de sus obligaciones en virtud de esta decisión arbitral".
Asimismo, señala que el laudo obliga "de forma expresa a las funciones Judicial, Legislativa y Ejecutiva (de Ecuador) a adoptar todas las medidas a su disposición para suspender o causar la suspensión de la ejecución y reconocimiento, dentro y fuera del Ecuador, de la sentencia dictada".
Por su parte, el procurador General del Estado, Diego García, destacó que "el laudo interino es una medida procesal que no tiene por objeto y no decide sobre el tema de fondo".
Por eso, señaló que el caso Chevron "es de competencia exclusiva de la Función Judicial y de los órganos respectivos del Estado ecuatoriano determinar sus respectivas obligaciones a la luz del derecho internacional".
Chevron no cuenta con activos en Ecuador, por lo que los demandantes acudirán a cortes en otras naciones donde la empresa sí tiene operaciones para que le obliguen a pagar la indemnización o le embarguen sus bienes, según Pablo Fajardo, uno de sus abogados de lo demandantes.
Karen Hinton, portavoz de los demandantes en Estados Unidos, dijo que el laudo del tribunal arbitral no puede ordenar a un país "que viole su propia Constitución y anule las demandas legales de sus ciudadanos".
Fajardo envió hoy una carta a Diego García en la que denunció "la alarmante falta de independencia e imparcialidad" de la corte arbitral.
Chevron apeló hace un mes el fallo de segunda instancia que ratificó la condena, con el argumento de que las pruebas en que se basa son "fraudulentas", y el caso está ahora en manos de la Corte Nacional de Justicia, que funciona como tribunal supremo de Ecuador.
La compañía acusa a los letrados de los demandantes de trabajar en secreto con el juez Nicolás Zambrano para redactar el fallo de primera instancia.
En el recurso, la petrolera también argumenta que el fallo supone una aplicación retroactiva de la ley y no tiene en cuenta que el gobierno de Ecuador liberó de responsabilidades ambientales a Texaco, posteriormente adquirida por Chevron, tras realizar labores de limpieza en los campos petroleros que operó en los años 90.
En su comunicado de hoy la compañía dijo "ver con agrado los pasos constructivos" tomados por Ecuador, como el anuncio de que la empresa estatal Petroecuador limpiará lugares contaminados de petróleo "y el reconocimiento de que el laudo del tribunal (arbitral) aplica para todos los poderes del Estado ecuatoriano".