"Difícilmente se puede contemplar alguna salida si el Estado (ecuatoriano) no reconoce sus obligaciones de remediación en la zona", afirmó James Craig, portavoz de Chevron.
La compañía Texaco, que posteriormente fue adquirida por Chevron, extrajo petróleo desde 1964 hasta 1990 de una región de la Amazonía como socio minoritario de una operación en conjunto con Petroecuador.
Craig mantiene que al final del contrato la empresa estatal ecuatoriana se hizo cargo de limpiar dos tercios de los lugares de extracción de la época, pero nunca terminó esa "remediación", como se conoce a ese proceso en el argot petrolero. Texaco, en cambio, sí cumplió su parte, de acuerdo con el portavoz.
Una visión muy diferente tiene Pablo Fajardo, el abogado principal de los demandantes en Ecuador, que recibieron en febrero un dictamen favorable de un juez de primera instancia, quien ordenó a Chevron pagar más de 9,500 millones de dólares, una cifra que se doblará si la compañía no pide disculpas por la contaminación.
"La sentencia se refiere única y exclusivamente al daño de Chevron, no de Petroecuador", dijo a Efe Fajardo.
El letrado mantiene que la empresa estadounidense es responsable de los vertidos porque Texaco operaba todos los campos, mientras que Petroecuador debe responder solo por el perjuicio que ha provocado desde que asumió las operaciones de la zona, de donde sigue bombeando crudo.
Fajardo ha indicado que los demandantes prevén tomar acciones legales contra Petroecuador por ello, una vez que se termine el litigio contra Chevron, que se inició en 1993.
En cambio, la petrolera estadounidense argumenta que en cualquier negociación con los demandantes sobre indemnizaciones o fondos para limpieza, Petroecuador debe reconocer su responsabilidad como socio mayoritario del consorcio con Texaco.
"Le quieren hacer a Chevron responsable por todo el problema ambiental que existe en esa zona y el único responsable es en realidad el Estado ecuatoriano y Petroecuador", señaló Craig.
La semana pasada una veintena de fondos de inversión que son accionistas de Chevron pidió a la gerencia que negocie un acuerdo "razonable" para acabar extrajudicialmente con la demanda.
Fajardo dijo que hasta ahora no ha habido ningún contacto con la compañía sobre la posibilidad de iniciar negociaciones y que los demandantes "no están desesperados" por llegar a un arreglo directo, aunque afirmó que sí están dispuestos a conversar.
Craig indicó, por su parte, que "es muy difícil sentarse a negociar con gente que perpetúa un fraude".
La compañía alega que un informe que cifraba el daño ambiental en 27.000 millones de dólares, elaborado por un perito designado por el tribunal y que debía ser independiente, en realidad lo escribió una consultora que trabajaba para los demandantes, que lo niegan.
Además, en su apelación a la sentencia de febrero, la petrolera mantiene que en ese propio dictamen se reproducen párrafos enteros y datos de documentos internos de los demandantes que nunca fueron presentados ante el tribunal y que Chevron obtuvo por un proceso judicial en Estados Unidos.
Fajardo dijo que esa alegación "es una artimaña más de la empresa", que usa cualquier "mínimo error" para deslegitimar la sentencia y el sistema jurídico de Ecuador.
Los documentos de donde aparentemente salieron los párrafos y los datos "los tenemos solamente nosotros y luego Chevron", admitió el abogado.
"¿Qué tal si Chevron entregó esos documentos a la corte, al juez (Nicolás) Zambrano? Todo es posible. Recordemos todas las trampas que Chevron ha hecho" durante el proceso, afirmó Fajardo.