Esto en el contexto originado por la inclusión de un artículo transitorio en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, el décimo quinto, mediante el que se manda al Congreso formular una Ley para regularizar los llamados vehículos ‘chocolate’. Propuesta que fue rechazada por el Senado de la República al revisar la minuta originada en la Cámara de Diputados.
Sin embargo el día de ayer los diputados ratificaron su decisión y ahora el Senado deberá votar en definitiva su rechazo o aprobación.
Al respecto Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que se sienten enormemente preocupados porque una vez más en la Cámara de Diputados se avaló una decisión que claramente fomenta la ilegalidad.
“Nos parece que decisiones de esa naturaleza cuando estamos tratando de construir un país donde las leyes prevalezcan, donde todos tengamos que obedecer el mandato de la legislación y al mismo tiempo los creadores de las leyes, en este caso la Cámara de Diputados, vuelvan a insistir en la legalización de vehículos, dando la promesa de que esta situación puede ser regularizada en el futuro, nos parece fuera de proporción, de contexto y nos causa preocupación”, explicó.
Por su parte, Eduardo Solis, presidente de la AMIA, recalcó el rechazo de la industria a que se legisle para legitimar lo que es ilegal. "El contrabando no puede legitimarse a través de
cambios en leyes", apuntó.
En su momento Guillermo Prieto Treviño, presidente de la AMDA, manifestó que es necesario que los Senadores reiteren su negativa a regularizar los vehículos de contrabando debido al impacto negativo que tendría en el mercado automotor, el cual se encuentra en crisis con resultados negativos durante los últimos tres años, así como en la disminución de la recaudación fiscal que se causaría si las ventas de vehículos nuevos cayera 30 por ciento respecto al momento actual; tan sólo el impactó en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se dejaría de causar se estima en más de 50,000 millones de pesos.
En el mismo tenor, el representante de los distribuidores de vehículos enfatizó que la regularización de vehículos ilegales provocaría una disminución de hasta 20,000 puestos de trabajo en la red de distribuidores automotrices.
Eduardo Solís Sánchez, presidente de la AMIA, ratificó la postura del sector automotor de mantener los espacios de diálogo con el Congreso y el Ejecutivo para que por medio de los instrumentos jurídicos de los que dispone el gobierno federal se den facilidades administrativas para que los vehículos que ingresaron al país sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero, puedan hacerlo cumpliendo los requisitos que marca el Decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados.
Concamin, ANPACT e INA manifestaron la convicción del sector privado para que se cumpla la ley y no se promueva la regularización de vehículos ilegales.
Se prevé que el próximo martes 5 de noviembre la Cámara de Senadores someta a votación el polémico artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.
Al respecto los representantes del sector automotor, CCE y Concamin reiteraron su llamado a los Senadores para desechar la propuesta de regularizar los vehículos ilegales.