"Los aranceles o cupos adicionales impuestos de forma unilateral (...) violarían claramente las normas de la OMC. Por tanto, no son aceptables como solución para la disputa actual", declaró en un comunicado el secretario general de la ACEA, Erik Jonnaert.
La Asociación también cuestionó la afirmación de Washington de que las importaciones de automóviles europeos suponen un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos e insistió en que los fabricantes del Viejo Continente favorecen "una agenda comercial positiva".
"Apoyamos los esfuerzos constructivos de la Comisión Europea para abordar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio transatlántico de bienes automotrices", agregó Jonnaert.
De hecho, el sector manifestó su esperanza de que los negociadores a ambos lados del Atlántico usen esos seis meses para encontrar un consenso sobre un acuerdo comercial "que elimine los aranceles industriales".
La ACEA indicó, asimismo, que el informe realizado por el Departamento estadounidense de Comercio y entregado en febrero al presidente, Donald Trump, no reconoce "las inversiones masivas" de la industria europea del automóvil en la economía de la primera potencia mundial.
En ese sentido, destacó que los fabricantes de la UE "construyeron más de 3 millones de vehículos en Estados Unidos el año pasado, lo que representó un 27 por ciento de la producción total" en ese país.
"Muchos de estos vehículos se exportan a países terceros de nuevo, incluida la Unión Europea. Los fabricantes de coches de la UE dan empleo de forma directa e indirecta a casi medio millón de estadounidenses", constató la Asociación.
El presidente estadounidense postergó el viernes por seis meses su decisión sobre la imposición de aranceles a la importación de vehículos con la que ha amenazado a la Unión Europea y a Japón, según informó la Casa Blanca.
"El proceso de negociación será dirigido por el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y, si no se alcanzan los acuerdos dentro de los próximos 180 días, el presidente determinará si se deben tomar medidas adicionales y cuáles", señaló la oficina presidencial en un comunicado.
El gobierno de Estados Unidos justificó la posibilidad de imponer gravámenes a esos bienes en que "la defensa y la superioridad militar" del país dependen de la competitividad de la industria automotriz y de la investigación y desarrollo que genera.
El Departamento de Comercio entregó un informe a Trump el pasado 17 de febrero en el que concluyó que las importaciones de automóviles y ciertos componentes amenazan con perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que el gobierno decidió estudiar si sanciona o no esas transacciones.