El caso pasará al Órgano de Apelaciones de la OMC, que es la última instancia a la que puede acudir China para intentar hacer valer sus argumentos.
Las restricciones en cuestión afectan a las ventas al extranjero de materias primas utilizadas en productos tecnológicos, así como de acero, aluminio y diversas sustancias utilizadas en la industrias metalúrgica y química.
El caso fue llevado a la OMC por un grupo de países liderados por Estados Unidos, la Unión Europea y México.
Durante el proceso, China aludió a consideraciones ecológicas para explicar su intento de frenar parcialmente las ventas al exterior de ciertas materias primas, de las que, en algunos casos, es uno de los principales productores mundiales.
Sin embargo, para los países que cuestionaron la legalidad de esas medidas, China en realidad busca dar un trato de favor a su industria nacional garantizándole un suministro holgado y a precios bajos y estables de dichas materias.
Para el mercado internacional, la consecuencia es la escasez de las mismas y una subida de sus precios, según los denunciantes.
Los expertos del Órgano de Solución de Disputas establecieron en su dictamen que las medidas de China eran incompatibles con sus compromisos en el marco de la OMC y determinaron que no cumplía los requisitos para invocar ciertas cláusulas de excepción.