La audiencia oral y privada se realizará el 23 y 24 de agosto próximo, donde las partes presentarán sus respectivas pruebas, explicó a Acan-Efe la abogada del TAA, Elizabeth Araya.
A la audiencia están citados como imputados los españoles Carlos Jaraquemada y Pedro Pontage, el chileno Cristian Sandoval y el costarricense Sergio Ramírez, quienes figuran como apoderados de Autopistas del Sol en Costa Rica.
También está imputado el Responsable Ambiental del proyecto vial ante la Secretaría Técnica Ambiental (estatal), Rodolfo Hernández.
El consorcio, en el que participan las firmas españolas FCC Construcción y Sacyr, además de una portuguesa y otra costarricense, fue el encargado de construir la carretera de 77 kilómetros que conecta San José con Caldera, en la provincia de Puntarenas (Pacífico).
A los cinco imputados se les acusa por los cargos de invasión y afectación del área de protección de al menos 22 cuerpos de agua mediante rellenos, eliminación de cobertura vegetal, deslizamiento del material de los movimientos de tierra y material acarreado.
Además, por fragmentación de bosques, reducción de espacios para la fauna y afectación del suelo y la cobertura boscosa.
Según Araya, los daños ambientales han sido valorados en cerca de 1.1 millones de dólares.
Por su parte, el gerente de Mantenimiento de la empresa, Claudio Pacheco, declaró a Efe que la firma es respetuosa de las leyes y los procesos costarricenses, por lo que recopilará información y "aportará las pruebas" para desestimar los cargos.
Pacheco dijo que en toda obra "siempre habrá un impacto ambiental" y que la empresa procuró que fuera el menor, al tiempo que descartó que se hayan provocado daños graves al ambiente, como lo indica la denuncia.
Agregó que todos las personas citadas por el TAA se encuentran en Costa Rica y que están en disposición de asistir a la audiencia.
La denuncia ante el TAA fue interpuesta por un vecino de la zona, José Martín Irías; y luego se unió el Área de Conservación Pacífico Central del Ministerio del Ambiente y el procurador adjunto Ambiental de la Procuraduría General de la República, Mauricio Castro.
El TAA es un órgano descentralizado del Ministerio de Ambiente, que se encarga de juicios administrativos por daños al ambiente, y de encontrar culpable a la empresa podría ordenar sanciones económicas y administrativas, así como indemnizaciones y la reparación de los daños.
La apertura de la carretera, cuya construcción tuvo un costo de 230 millones de dólares, se realizó en enero de 2010 en el gobierno del entonces presidente Óscar Arias, y desde entonces la autopista ha estado rodeada de polémica por deficiencias, derrumbes y la falta de conclusión de algunas obras como puentes peatonales.
Las autoridades judiciales costarricenses también tienen abierta una investigación que busca determinar si hubo irregularidades en la apertura de la carretera, mientras la empresa ha afirmado que ha actuado con transparencia y de acuerdo a la ley.