La polémica normativa, que debe ser promulgada por el presidente Evo Morales, fue aprobada en las pasadas horas por el oficialismo mayoritario ante las criticas de los opositores y de los sindicatos de choferes que amenazan con protestas porque la ley legaliza el contrabando y pone en riesgo la provisión de combustibles.
La ley fija que quienes poseen vehículos sin papeles e ingresados por contrabando tienen 15 días para registrarse ante la Aduana y otros tres meses más para legalizarlos y pagar tributos.
"Si no se inscriben en 15 días, están perdidos, prepárense a que la policía, aduana o las Fuerzas Armadas les quiten sus vehículos y eso pasa a manos del Estado", declaró García Linera.
El vicepresidente justificó la aprobación de la ley en que es necesario regularizar documentos de esos vehículos en el país, al admitir que el Ejecutivo no ha tenido la suficiente capacidad para impedir el contrabando de los automóviles.
Enfatizó que la normativa pone "un punto final" al contrabando de los vehículos porque las fuerzas de seguridad actuarán de forma drástica en el decomiso de aquellos que no tengan sus papeles en orden una vez vencido el plazo de legalización.
El oficialismo cree que con la medida se podrían legalizar unos diez mil vehículos de contrabando, mientras que los sindicatos de los choferes temen que sean cien mil, con el riesgo de provocar un colapso en la provisión de combustible porque en el país actualmente ya circula casi un millón de vehículos.
La diputada opositora Elizabeth Reyes declaró a los medios que el gobierno "ha tomado partido no por los que cumplen la ley, sino por los contrabandistas" y sostuvo que la norma "promueve el delito, y apoya a los delincuentes".
Diversos analistas han señalado que el gobierno de Morales busca aumentar los ingresos del Estado a costa de legalizar el contrabando de vehículos, pero sin medir la consecuencia de un incremento en la subvención al coste de los combustibles en el país.
Morales advirtió varias veces que esa subvención es insostenible para la economía estatal y por ello en diciembre pasado subió los precios de los combustibles hasta un 82 por ciento, lo cual desató una ola de protestas que le obligó a retirar esa medida.