Chevron apela la sentencia del pago de 9,500 millones de dólares por daños medioambientales

En el escrito de apelación, Chevron detalla el "esquema de fraude" llevado a cabo por los abogados de los demandantes, sus seguidores y otros, que ha "corrompido" el juicio, así como los "numerosos errores" legales y fácticos de la sentencia del pasado 14 de febrero en su contra, explica la petrolera en un comunicado.

Los demandantes son comunidades de la Amazonía ecuatoriana representados por abogados de Estados Unidos y su propio país, que iniciaron el litigio en 1993 por la contaminación presuntamente ocasionada entre 1964 y 1990 por Texaco, adquirida después por Chevron.

La petrolera indica que su apelación aporta pruebas de que los abogados de los demandantes "falsificaron datos y presionaron a peritos científicos para encontrar contaminación donde no existía".

Los abogados de los demandantes también consiguieron que se designara a un "perito global", supuestamente neutral, quien fue "reclutado" y pagado por ellos para presentar como propio el informe de daños que fue escrito en forma anónima por la empresa Stratus y otros consultores de los demandantes, alega Chevron.

Afirma que los abogados de los demandantes "intentaban ocultar el fraude" contratando a otra firma estadounidense para poner los datos y las conclusiones bajo nuevos nombres.

Chevron asegura que la sentencia se basa en datos y conclusiones que figuran en el informe "fraudulento".

"La corte ignoró las pruebas científicas válidas. Todos los informes legítimos de los peritos en el caso concluyeron que las zonas remediadas por Texaco no presentaban riesgos considerables para la salud ni para el medio ambiente", alega.

Chevron presenta otras bases para revocar la sentencia, entre ellas que la corte desestimó el efecto de los acuerdos de finiquito firmados anteriormente que exoneraban a Texaco y a sus filiales, incluida Chevron, de toda responsabilidad ambiental futura.

Argumenta, además, que basó su sentencia en una aplicación ilegal y retroactiva de la Ley de gestión ambiental del Ecuador, que fue sancionada en 1999, después de que Texaco dejara de operar en Ecuador y luego de que fuera exonerada de toda responsabilidad potencial por impactos ambientales.

La corte rehusó, agrega, considerar la responsabilidad de Petroecuador por los impactos ambientales, como socio mayoritario del consorcio de 1976 a 1992, y como el propietario y operador exclusivo de las operaciones ampliadas que fueron realizadas en la zona desde 1992 hasta la fecha.

En cuanto al importe que el juez ha ordenado que pague, 5,396 millones de dólares son para remediar el suelo, importe muy superior a lo que propusieron el "perito global", el propio especialista de los demandantes y 171 veces más alta que el que Petroecuador consideró necesario para remediar un área más amplia, señala Chevron.

La corte destinó 600 millones de dólares para la remediación de la contaminación del agua subterránea sin citar una sola muestra y también ordenó el pago de 1,400 millones de dólares para los problemas de la salud pública, a pesar de que la corte reconoció que no se habían detectado casos, se queja Chevron.

Un total de 800 millones de dólares fueron asignados para el supuesto "exceso" de casos de cáncer, aunque haya reconocido que no se había presentado ningún reclamo individual por dicha enfermedad.

El monto adicional de 8,646 millones de dólares ordenado por la corte a menos que Chevron emita una disculpa pública, "es una indemnización de carácter punitivo" que viola la ley ecuatoriana, sostiene.

El pasado 7 de marzo, un juez de Nueva York decidió impedir la ejecución de la sentencia, y un mes antes, un panel de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya prohibió temporalmente la aplicación de cualquier sentencia que dictara el tribunal ecuatoriano contra Chevron.