Según la documentación judicial a la que Efe tuvo acceso hoy, la jueza Marcia G. Cooke ratificó en una corte de Miami la recomendación del magistrado William C. Turnoff del pasado junio de que se autorizara el acceso a las cuentas del Banco del Pichincha que Chevron sospecha que los demandantes utilizaron para pagar sobornos relacionados con el caso de Lago Agrio.
"Las recomendaciones del Juez Turnoff son claras, contundentes y convincentes", concluye la jueza en su escrito de tres páginas, con fecha del 26 de febrero, en el que ordena a la sucursal del Banco Pichincha en Miami que difunda la información relativa a ocho cuentas ligadas a los abogados y representantes de los demandantes.
Las cuentas pertenecen al Frente de Defensa de la Amazonía (FDA), Luis Yanza Angamarca (coordinador legal del FDA), Jorge Enrique Jurado Mosquera (experito dirimente), Selva Viva (empresa de los demandantes) y el laboratorio CESAQ- PUCE (Pontificia Universidad Católica del Ecuador).
James Craig, asesor de Comunicación para América Latina y África de Chevron, dijo en una declaración escrita remitida a Efe, que esta medida "ayudará a descubrir la magnitud de la corrupción y del fraude perpetrados en la Corte Provincial de Sucumbíos", donde se llevó el caso, y a "determinar los montos y las fechas de los sobornos pagados para obtener una sentencia fraudulenta".
Siempre, según la tesis de la petrolera, estas cuentas se usaron para pagar en secreto al perito de la corte ecuatoriana Richard Cabrera a cambio de que firmara un informe pericial que no escribió, sino que fue preparado clandestinamente por los abogados de los demandantes.
Chevron -que desde el inicio de este proceso ha insistido en que no acusa de ilegalidad alguna al banco- sostiene que a Cabrera se le pagaron 100,000 dólares a través de "cuentas secretas", además de 260,000 dólares "camuflados" como honorarios por trabajos que no realizó.
Además, defiende que la sentencia de 19,000 millones de dólares impuesta contra Chevron también fue redactada clandestinamente por estos abogados como parte de "su multimillonaria estafa".
El litigio de Lago Agrio (Ecuador) es uno de los mayores casos judiciales sobre medio ambiente de la historia y se refiere al daño ocasionado entre 1964 y 1990 por Texaco, que luego fue absorbida por Chevron.
La empresa sostiene que el dinero que los demandantes entregaron al citado perito compró "su complicidad", pues asevera que el informe que lleva su nombre en realidad lo escribieron los demandantes.
En 2008 Cabrera recomendó que la petrolera pagara 27,000 millones de dólares por la supuesta contaminación provocada en la Amazonía ecuatoriana.
El abogado de los querellantes, Pablo Fajardo, ha declarado en Ecuador que "no hay ninguna cuenta secreta" y que como los demandantes pidieron a una corte de ese país la realización del peritaje, según la ley ecuatoriana ellos tenían que pagar esos gastos.