Los ministros Walter Delgadillo, de Obras Públicas y Servicios, y Sacha Llorenti, de Gobierno (Interior), se refirieron al asunto en una rueda de prensa en la que hicieron un balance de la segunda jornada de paro protagonizada por los sindicatos de choferes.
"El injusto e ilegítimo paro del transporte ha sido derrotado gracias a la participación ciudadana", dijo el ministro Llorenti al subrayar que varias organizaciones de transportistas no se sumaron a la huelga convocada por la Confederación de Chóferes de Bolivia.
Llorenti también destacó el respaldo de las juntas vecinales a la decisión del gobierno de no cambiar el decreto vigente desde febrero pasado para castigar a los conductores de los autobuses que circulen borrachos y a las empresas donde trabajan.
Los dirigentes de la confederación, varios de ellos en huelga de hambre contra el decreto desde el pasado lunes, organizaron el paro de dos días que tuvo seguimiento en varias ciudades del país y fue apoyado por piquetes de huelguistas que bloquearon calles.
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De su parte, Delgadillo sostuvo que el gobierno ha "comprobado una total adhesión de la ciudadanía a la cruzada por la defensa de la vida" y que rechazó la huelga de los sindicatos de los choferes.
"Para nosotros el conflicto está agotado" y el Gobierno continuará en adelante con la aplicación del decreto por sus "efectos positivos en la defensa de la vida en las carreteras", dijo el ministro Delgadillo.
Las autoridades señalaron que aplicarán sanciones contra los chóferes y las empresas que protagonizaron conflictos y actos de violencia durante los dos días de protestas.
La Confederación de Choferes había solicitado la liberación de los más de sesenta manifestantes detenidos durante el conflicto, si bien Llorenti dijo que ese tema "está en manos de la fiscalía y la justicia" y no del gobierno.
El presidente Morales adelantó el miércoles que se trabajará en una "ley seca" para que las sanciones a los conductores borrachos del servicio público, también se extiendan a los particulares.
El decreto polémico fue firmado en febrero pasado para frenar una ola de accidentes de tráfico que en un mes cobró la vida de 90 personas.
Cada año, en las rutas de Bolivia mueren más de mil personas en accidentes de tráfico.