Los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti, y de Obras y Servicios Públicos, Walter Delgadillo, presentaron el decreto para impedir accidentes como los ocho ocurridos el pasado enero, que han dejado 80 muertos y más de 200 heridos.
El decreto con las nuevas sanciones se aplicará de inmediato y servirá de base para una futura ley que aumentará las medidas de protección de la población ante los accidentes de tráfico, según explicó el ministro Delgadillo.
A los conductores que sean sorprendidos borrachos se les suspenderá su licencia de conducir, hayan provocado o no accidentes de tráfico.
Si los chóferes de autobuses causan un accidente de tráfico por estar ebrios, se les prohibirá además durante un año las operaciones del vehículo implicado. Si hay reincidencia, la medida también será definitiva.
Por la misma razón, las empresas de transporte serán castigadas la primera vez con la prohibición de trabajar durante un mes si uno de sus vehículos está implicado en un siniestro, pero si vuelve a sorprenderse a uno de sus chóferes borrachos, también será para siempre.
Además se aplicarán castigos a los conductores que transporten carga en el interior de los autobuses, lleven pasajeros de pie o realicen paradas no programadas o cambien rutas, salvo razones justificadas.
Las medidas incluyen la actuación de policías encubiertos como pasajeros para vigilar el trabajo de las empresas de transporte, aumento de los controles de alcoholemia y la prohibición de venta de alcohol a los conductores en restaurantes de carreteras.
Además, el gobierno y las autoridades policiales iniciarán de inmediato un proceso de acreditación de conductores en un plazo de seis meses para quienes llevan autobuses de pasajeros.