Esos cambios en la política de EE.UU. figuran en unas nuevas reglas publicadas este viernes por el Departamento del Tesoro y en las que se especifica cuáles son los requisitos para que los productores de vehículos accedan a los subsidios que establece la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés).
Esa ley, aprobada en agosto de 2022, incluye un paquete de ayudas de 370.000 millones de dólares (unos 350.000 millones de euros) para favorecer la transición energética y ofrece incentivos fiscales a las empresas que fabriquen vehículos eléctricos con componentes elaborados en Norteamérica, incluidos México y Canadá, con los que EE.UU. tiene tratados de libre comercio.
En principio, las empresas de Japón y de la UE no podrían acceder a esos subsidios, pero Washington está buscando la manera de no perjudicar a sus aliados.
De hecho, este mes, Estados Unidos llegó a un acuerdo comercial con Japón para que sea tratado como un socio comercial preferente y pueda beneficiarse de las ventajas fiscales que ofrece la Ley de Reducción de la Inflación, y además se comprometió a iniciar negociaciones con la UE para llegar a un arreglo similar.
A la luz de esos nuevos acuerdos, el Departamento del Tesoro publicó este viernes unas nuevas reglas en las que establece que Japón se beneficiará de los subsidios y afirma que también se incluirán "nuevos acuerdos", como el que se está negociando ahora con la Unión Europea.
Varios países de la UE, incluidos Francia y Alemania, habían expresado preocupación por la Ley de Reducción de la Inflación por considerarla una medida proteccionista y les preocupaba que empresas europeas se trasladasen de Europa a Estados Unidos para aprovechar esas exenciones fiscales.
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