"La CFE y la empresa Sempra Infraestructura firmaron un Acuerdo de Entendimiento no vinculante para el desarrollo de importantes proyectos, como lo son (...) una terminal de licuefacción de Gas Natural en Topolobampo, Sinaloa (norte), una terminal de regasificación de gas natural licuado en La Paz, Baja California Sur, así como la reanudación de la operación del gasoducto Guaymas-El Oro", detalló la Comisión en un comunicado.
La CFE compartió que el desarrollo conjunto de una terminal de licuefacción (cambio de estado gaseoso a líquido) de Gas Natural en Topolobampo permitirá a la Comisión "aprovechar los excedentes de gas natural y capacidad de transporte desde las cuencas de Texas (EU) hasta Topolobampo a fin de incrementar el suministro del combustible a las centrales de generación de la CFE en Baja California Sur".
Esto, detalló el comunicado, en apego al "compromiso" del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de suministrar al país "con electricidad de bajo costo y combustibles menos contaminantes".
Por otra parte, el acuerdo también contempla que se reanude la actividad del gasoducto Guaymas-El Oro, en el norteño estado de Sonora, tras un acuerdo entre la comunidad Yaqui y la CFE, dirigida por Manuel Bartlett.
"(La reanudación) será a través de una propuesta de nueva ruta que deriva del entendimiento mutuo entre la comunidad Yaqui y la CFE, privilegiando el diálogo y el respeto", indicó el comunicado de la Comisión.
Con esta nueva ruta, la CFE aseguró que se podrá abastecer de gas natural a mercados industriales, comerciales y residenciales de la región.
"La CFE contribuye con el fortalecimiento de la Seguridad Energética del país, reiterando su compromiso con el pueblo de México, y Sempra Infraestructura confirma su entusiasmo de continuar trabajando para desarrollar infraestructura energética en México", terminó el documento.
El anuncio se da en medio de la polémica por la reforma energética propuesta por López Obrador.
El mandatario busca que se apruebe una reforma constitucional que limitaría al 46% la participación privada en generación eléctrica, eliminaría los reguladores autónomos de energía, cancelaría todos los contratos de autoabastecimiento, y priorizaría el despacho de las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados.
La reforma, que deberá ser aprobada por dos tercios de los legisladores, ha causado una enorme controversia entre empresarios y analistas.