En conferencia de prensa, representantes de las organizaciones de la Concamin, Coparmex, Canacar y Canapat, así como ANPACT, AMDA, AMTM INA y Conatram señalaron que, luego de que la Secretaría de Energía, Pemex y la Comisión Reguladora de Energía ya reconocieron que no habrá diésel limpio hasta 2025, sólo falta que Semarnat modifique la norma, con lo que se dará certeza jurídica y operativa a la industria automotriz de vehículos pesados y a transportistas de carga y pasajeros.
“Estamos en ante una incongruencia de la autoridad. Por un lado, se obliga a la industria automotriz de vehículos pesados a tener tecnología ambiental más limpia en 10 meses; sin embargo, en 81 por ciento de los municipios del país no hay obligación de suministrar DUBA, y este insumo requerido llegará 5 años después”, explicó Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de ANPACT.
En tanto, Enrique González Muñoz, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), dijo que resulta increíble que estemos rezagados en materia de emisiones de vehículos pesados sólo por complicaciones de disponibilidad de DUBA, y, principalmente, por la falta de certeza para que se reactive el transporte nacional.
No obstante, el directivo dejó en claro que, pese a las dificultades que sortea, el autotransporte de carga seguirá operando. “Nosotros vamos a trabajar conforme a lo que nos paute la autoridad. Sin embargo, los transportistas de Canacar, estamos interesados en renovar la flota, en hacerla más limpia y eficiente para reducir emisiones. Y ese es el problema que, ante la falta de una postura clara, hay incertidumbre en un tema que no puede esperar”, dijo.
Felipe de Javier Peña Dueñas, presidente de la comisión de Transporte de Concamin, advirtió que las afectaciones alcanzan a toda la cadena, desde el fabricante y comerciante de vehículos pesados hasta el transportista, el mercado de refacciones, y el sector energético. “En suma, estamos hablando de un mercado con valor de 18,000 millones de dólares. Y sin certeza, el efecto sería catastrófico”, afirmó.
José Jiménez Jaime, director general de Canapat, advirtió que, en su caso, no renovar la flota de autobuses foráneos puede ocasiones sanciones federales, ya que, por ley deben de tener un parque vehicular moderno. “Sin certeza en el combustible, las afectaciones pueden asfixiar a una industria que mueve millones de mexicanos al año que mantienen en constante crecimiento a la industria del turismo, por ejemplo”, lamentó.
Finalmente, Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, ofreció a las autoridades y la sociedad civil, trabajar conjuntamente para no frenar la renovación vehicular, dar certidumbre a la industria y juntos disminuir emisiones.