Holanda está poco habituada a las protestas en los espacios públicos, en comparación con Francia o los países del sur de Europa, pero en los últimos dos meses han salido a la calle miles de personas de todas las edades y colores políticos.
Los primeros fueron los jóvenes, el pasado 27 de septiembre, cuando los estudiantes se saltaron un día de clase para asistir a una manifestación en el marco de la huelga mundial por el clima.
La entonces alcaldesa de La Haya, Paulina Krikke, prohibió inicialmente que la marcha pasara por el Ayuntamiento y el Parlamento, alegando un supuesto riesgo de que los manifestantes se mezclaran con turistas y paseantes, pero posteriormente se vio obligada a rectificar. La protesta sacó a la calle a unas 30,000 personas y se desarrolló en un ambiente festivo.
Diez días después, cientos de ecologistas abrieron los informativos por bloquear un puente y una calle en Amsterdam que da acceso al Rijksmuseum, el museo nacional, en una concentración que no contaba con el permiso del Ayuntamiento.
"Somos conscientes de que es un acto de desobediencia civil, pero es necesario mostrarle a nuestro gobierno que vamos en serio y que tienen que tomar medidas contra el cambio climático", explicó a Efe Pippi van Ommem, portavoz de la organización Extinction Rebellion. El bloqueo se alargó durante horas y la protesta terminó con 130 activistas detenidos.
Las luchas ecologistas han tenido eco en las instituciones y el gobierno ya estudia medidas, mientras que el Consejo de Estado, el mayor órgano asesor del Ejecutivo, ha abogado por una rápida reducción de las emisiones de dióxidos de nitrógeno debido a que Holanda no cumple con las directrices europeas al respecto.
El 45 por ciento de esas emisiones se debe a la ganadería intensiva, según el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente. Los liberales progresistas de D66, uno de los partidos de la coalición de gobierno, ha planteado reducir a la mitad el número de piezas de ganado que existen en Holanda.
La propuesta sublevó al campo, que se ha movilizado para evitar lo que considera una afrenta contra su razón de ser. "Quieren quitarnos lo que nos da de comer cuando nosotros cuidamos de la naturaleza. No entendemos que la gente de la ciudad, donde se produce mucha contaminación, nos culpe a nosotros de las emisiones", explicó a Efe el granjero Tonnie Nooteboom.
Los campesinos organizaron dos grandes concentraciones en La Haya que fueron un éxito. En la primera, el pasado 1 de octubre, la alcaldesa Krikke dijo que sólo permitiría a 75 tractores llegar al epicentro de la protesta, pero los agricultores se presentaron en la ciudad con 2,200 vehículos. El colapso en las carreteras del país fue el más grave desde que se recopilan los datos del tráfico.
Para la segunda convocatoria, el 16 de octubre, los granjeros dijeron que intentarían llegar con los tractores al "Binnenhof", un complejo de edificios en el centro de la ciudad que alberga el Congreso, el Senado y la oficina del primer ministro.
El gobierno dijo que no lo permitiría y desplegó camiones del Ejército en la calle para evitarlo. La sangre no llegó al río, pues los agricultores desistieron de la idea, pero muchos de ellos acusaron al Ejecutivo de "sacar a las fuerzas militares contra su propio pueblo".
No sólo el campo se queja de las políticas sobre el medio ambiente. El sector de la construcción ha denunciado la paralización cautelar de miles de proyectos debido al riesgo de que incumplan restricciones climáticas.
Cientos de hormigoneras, grúas y camiones han sido desplegados en un descampado contiguo a la estación central de La Haya para la protesta. El gobierno, con el objetivo de tranquilizar los ánimos, anunció este martes un plan de emergencia para las empresas constructoras dotado con entre 150 y 200 millones de euros. No obstante, la concentración no se ha suspendido.