"A pesar de los potenciales beneficios que pueden generar, los incentivos tributarios se traducen en recursos fiscales que los Estados dejan de percibir", advirtieron las dos entidades en el informe "Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y El Caribe", lanzado en Guatemala.
Teniendo en cuenta que los recursos que deja de percibir el Estado por estos beneficios que reducen la carga tributaria directa o indirecta a determinados contribuyentes afecta al desarrollo, las dos entidades piden "mejorar la gobernanza" de los incentivos tributarios.
Esto como punto clave para contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo de la región alcanzando un "equilibrio" entre un régimen atractivo para la inversión y los recursos necesarios para el gasto público y así asegurar recursos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo sostenible y la Agenda 2030.
Todo con la mira puesta en poder erradicar la pobreza extrema, reducir la desigualdad y lograr un crecimiento económico sostenible e inclusivo.
El documento, de casi un centenar de hojas, recoge un análisis de los tratamientos tributarios preferenciales que otorgan los gobiernos de Latinoamérica a las empresas para estimular la inversión o la creación de empleo.
“La efectividad de la política de incentivos tributarios depende, en gran medida, de una buena gobernanza en su diseño, definición, implementación, gestión, seguimiento y evaluación, donde los aspectos relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y la coordinación entre actores clave adquieren particular relevancia”, señala el informe.
En los países de Latinoamérica, la mayoría de los incentivos tributarios a las empresas están orientados a determinadas zonas geográficas (generalmente áreas alejadas, de clima hostil, en zonas de fronteras o regiones de menor desarrollo relativo), como también a sectores o actividades específicas.
Entre ellas destaca el fomento de las energías renovables, los proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, ciertos sectores de la industria y agroindustria, el turismo, el sector forestal o los proyectos cinematográficos.
En gran parte de los países los incentivos corresponden a exenciones, las que predominan en el impuesto sobre la renta, aunque también se ofrecen para aranceles de importación, el IVA y otros impuestos indirectos.
Al ser una herramienta de política pública, los incentivos fiscales se justifican si los beneficios que producen, tanto económicos como sociales y ambientales, superan a los costos que generan, por lo que no todos los incentivos son iguales en el sentido de su capacidad para fomentar la inversión.
Sin embargo, el documento remarca la escasez de estudios que incluyan un análisis de costo-beneficio en los países de la región, lo que es un "vacío importante" dado el costo fiscal de los incentivos a la inversión.
De acuerdo al informe, la evidencia disponible muestra que estos instrumentos constituyen solo uno de los factores que pueden afectar la inversión, el empleo y el crecimiento económico.
Esto tomando en cuenta que existen otros elementos externos al sistema tributario que han resultado más relevantes, como la calidad de las instituciones, la infraestructura, el tamaño del mercado y la estabilidad económica, política y social.
Para mejorar la gobernanza, Cepal y Oxfam proponen proporcionar los incentivos tributarios solo a través de leyes tributarias y/o consolidar todos los regímenes de incentivos vigentes en una sección del código tributario; establecer en la legislación criterios de elegibilidad claros, sencillos, objetivos y fácilmente medibles para acceder a los beneficios tributarios.
También incluir en la legislación una justificación para establecer o mantener un tratamiento tributario preferencial y exponer claramente los objetivos que se persiguen, fundamentando con estudios costo-beneficio; incluir una fecha de término del régimen en la legislación y exigir que se realicen las evaluaciones para decidir si se mantiene o no la vigencia.
Asimismo, indican que se debe tender hacia una centralización de la concesión y la administración de todos los incentivos tributarios nacionales en el Ministerio de Finanzas/Hacienda; establecer un marco institucional fuerte de modo tal que se publiquen de manera periódica o propiciar una mayor participación ciudadana con una cooperación y coordinación internacional.