Unos mil indígenas choles, tzeltales y tzotziles participaron en una protesta en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, en una marcha encabezada por el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) a la que se sumaron diferentes organizaciones civiles y observadores de derechos humanos internacionales.
Los manifestantes provinieron en su mayoría de 14 municipios indígenas: Simojovel, Tila, Chilón, San Juan Chamula, Chicomuselo, Sitalá, San Juan Cancuc, Altamirano, Ocosingo, Chalchihuitán, Yajalón, Palenque, Tenejapa y San Cristóbal de las Casas.
Desde hace siete años, este movimiento se ha alzado en defensa de su territorio y, entre otros puntos, han logrado detener la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal, que tenía que atravesar su territorio.
Su objetivo ahora es detener sobre todo la minería y megaproyectos impulsados por López Obrador como el Tren Maya, una obra faraónica de unos 1,500 kilómetros y 7,600 millones de dólares que ha de conectar cinco estados del sur y sureste, la zona más rezagada del país.
Aunque López Obrador asegura que todos los proyectos de su gobierno respetarán los derechos de los indígenas y cuidarán el medioambiente -es incluso defensor del "desarrollo sostenible"- la realidad en el territorio parece otra, y muchos habitantes desconfían.
"Hay una tremenda deforestación que hoy está afectando el cambio climático, y esa misma situación está afectando a las comunidades y la selva", dijo a Efe Nicolás Gómez, de la Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y de la Madre Tierra Del Valle de Jovel.
En cuanto al proyecto del Tren Maya dijo que las comunidades han manifestado ya su temor por el impacto ambiental del proyecto y sus afectaciones en la selva, que esta temporada ya ha registrado fuertes sequías en algunas zonas que las autoridades atribuyen en buena medida a la crisis climática.
Por todo ello, los indígenas demandaron este martes y de forma pacífica la no intervención de mineras -nacionales o extranjeras- en los municipios con minerales en el subsuelo, alegando que la explotación los empuja a un desplazamiento forzado.
Los manifestantes apostaron también por la libre determinación de los pueblos y el autogobierno comunitario.
Precisamente, este fin de semana el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) asumió el control de 11 nuevos territorios pertenecientes a ocho municipios de Chiapas, un hecho que López Obrador respaldó porque "esto significa trabajar en beneficio de las comunidades y pueblos".
Pero para los participantes de la marcha, el gobierno mexicano no actúa correctamente.
En el movimiento de López Obrador "no vemos respuestas, vemos represión", dijo Gómez.
A su vez, Francisca González, activista del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, señaló a Efe que exigen, sobre todo, una "vida libre de violencia y el derecho a un medioambiente sano".
De esta manera, los manifestantes pidieron que las instituciones de gobierno asuman su responsabilidad respetando las leyes, pues al no hacerlo generan desestabilización social.
Y alertaron que la corrupción en todos los niveles deteriora el tejido social, por lo que este es un tema urgente a resolver.
Finalmente, pidieron respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios, tal y como expresa la Constitución mexicana.
En su manifiesto final, las organizaciones señalaron que hay "grupos políticos" que buscan apropiarse del derecho a "libre determinación al que tenemos derecho como pueblos originarios".
Y alertó que algunas empresas mineras se "lucran con la pobreza de la gente", por lo que exigieron respeto en materia laboral y adecuarse al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
Casi 25.7 millones de personas en México se autoidentifican como indígenas en México -son 68 pueblos originarios- lo que representa un 21.5 por ciento de la población del país.
Pese a ser una porción importante del país, son los más pobres y desfavorecidos, pues el 74.9 por ciento de los hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza.
Y el 34.8 por ciento en pobreza extrema, cuando esta tasa se sitúa en el 5.8 por ciento en los no hablantes de lengua indígena, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2015.