Así lo informó la SIC, que detalló en un comunicado que quedó demostrado que Uber "con su conducta obstruyó una visita administrativa que se adelantó el 13 de octubre de 2017 en las instalaciones de dicha compañía y que, además, incumplió órdenes e instrucciones dadas por la autoridad".
Como parte de su resolución, la Superintendencia también sancionó a tres personas que "colaboraron y ejecutaron la obstrucción de la mencionada visita administrativa" e incumplieron con las órdenes de esa entidad.
Esas personas, agregó la SIC, dieron "declaraciones evasivas e incompletas con respecto a sus cargos y funciones dentro de la compañía, así como sobre su conocimiento respecto a la estructura corporativa de Uber Colombia".
Es por ello que Natalia Patricia Caroprese Castro, que en esa época era la asesora legal de Uber Colombia, tendrá que pagar una multa de cerca de 15 millones de pesos (unos 4,350 dólares), y Andrés Felipe Bedoya Sánchez, "gerente de las oficinas" de la compañía para "el momento de los hechos", deberá desembolsar unos 5 millones de pesos (unos 1,500 dólares).
Quien deberá pagar la multa más alta, unos 24.8 millones de pesos (unos 7,250 dólares), es Felipe Alberto Sandoval Villamil, que cuando ocurrieron los hechos también era asesor legal de la empresa.
Según la SIC, en este proceso quedó demostrado que dentro de Uber Colombia hay "una política empresarial" en la que "se instruye a sus funcionarios en la forma como deben comportarse frente a la visita de una autoridad administrativa, como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio".
"En virtud de lo anterior existen instrucciones institucionales de no dar información respecto al negocio de la empresa ni otorgar acceso a los computadores y demás equipos de la compañía, la cual fue puesta en marcha en la visita adelantada por la autoridad", agregó la información.
Uber también hizo "caso omiso" a algunos requerimientos para poner en marcha los procedimientos de inspección y documentos y "presentó una actitud displicente y obstructiva" a las solicitudes de los funcionarios de la Delegatura de Protección de la Competencia de la SIC.
"Contra la decisión procede recurso de reposición ante la Superintendencia de Industria y Comercio", concluyó la entidad.
Uber, que llegó a Colombia en 2013 y está presente en al menos 12 ciudades, señaló en un comunicado que respeta "la ley y las decisiones emitidas por las autoridades".
"La compañía no ha recibido notificación de la decisión de primera instancia adoptada por la SIC, la cual no se encuentra en firme. Una vez la compañía sea notificada de la decisión efectuará el análisis correspondiente a efectos de definir la pertinencia de interponer los recursos del caso", apostilló la empresa.