En particular, coincidimos con el gobierno de la Ciudad de México en la necesidad de contar con información que ayude a mejorar la movilidad urbana. Por ello, reiteramos nuestro compromiso de colaborar con la Secretaría de Movilidad (Semovi) para fomentar mayor seguridad, eficiencia, transparencia y un desarrollo incluyente en el sector.
En una reunión informativa celebrada el 7 de febrero con funcionarios de la Semovi, el titular de esta dependencia acordó sostener un diálogo y una retroalimentación durante el proceso de actualización del marco normativo relativo a las ERTs. No obstante, este proceso fue llevado a cabo sin tomar en cuenta las opiniones de conductores, usuarios y las propias plataformas. Ayer, 24 de abril, de manera unilateral y sin diálogo previo, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, un decreto que reforma el Reglamento de la Ley de Movilidad, afectando seriamente a la población de nuestra ciudad.
Nos preocupa que, tal como está planteada, esta reforma crea una serie de barreras de entrada que tendrán graves repercusiones en la economía de las familias e individuos que hoy cuentan con un ingreso gracias a las aplicaciones de movilidad. Además, esta nueva regulación no contempla un periodo razonable para su implementación.
Estas medidas afectan a la población que busca opciones seguras y económicas de movilidad en la Ciudad de México, al mismo tiempo que desincentivan prácticas de cuidado al medio ambiente y reducen las oportunidades económicas para miles de ciudadanos.
Finalmente, con el propósito de lograr que la Ciudad de México sea una ciudad innovadora y de derechos, y a reserva de conocer más detalles sobre el proceso de implementación de estos cambios, nuevamente hacemos un llamado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y al secretario de Movilidad a que nos incluyan en la construcción de esta nueva regulación, por medio de un diálogo abierto y participativo en donde estemos representados tanto las plataformas de movilidad, como los conductores, pasajeros, asociaciones civiles y autoridades. Solo así construiremos las condiciones y reglas que faciliten el ejercicio efectivo del derecho a la movilidad de las personas, a través de la tecnología, para abonar al desarrollo armónico y sostenible de nuestra ciudad.