Al inaugurar el primero de ocho foros regionales para una Ley de Seguridad Vial, el senador aseguró que no se puede seguir planeando la movilidad en el país como una cuestión que sólo facilite el tránsito de los automóviles particulares.
Es necesario, dijo, iniciar un debate importante y profundo sobre la modernización de las formas de transporte, traslado y tránsito que hay las ciudades. Podemos construir urbes mucho más amplias, incluyentes, seguras, saludables y ecológicas, expresó.
Por ello, el foro tiene el objetivo de intercambiar puntos de vista, recoger información, contrastar opiniones de la sociedad civil, legisladoras, legisladores y de funcionarios del gobierno.
Precisó que la legislación que se construya tendrá una esfera de aplicación para los tres niveles de gobierno. Por lo tanto, importa mucho la opinión de los gobiernos de los estados, del Federal y los municipios.
Asimismo, dijo que la ley debe estar construida bajo el elemento más importante: los derechos del peatón. Así como el libre acceso de las personas con discapacidad, que también encuentran serios obstáculos para trasladarse de un lugar a otro.
Es necesario que el transporte público sea rápido, seguro y económico, porque actualmente no satisface las necesidades y demandas de la población.
Es importante construir un consenso, dijo. No podemos avanzar en la elaboración y aprobación de una ley si no escuchamos a todos los actores involucrados. Desde el principio me he comprometido a acompañar este esfuerzo. Me parece importante, lo estoy respaldando y lo voy a seguir haciendo.
Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, dijo que a diario mueren cuatro personas en México, resultado de un accidente vial “que pudo evitarse”.
Comentó que la finalidad de legislar sobre una ley general en la materia, es homologar leyes y reglamentos estatales. Detalló que el Senado realizará ocho foros antes de dictaminar el proyecto elaborado por diversas asociaciones civiles.
El senador Emilio Álvarez Icaza, sin partido, solicitó a los secretarios de movilidad de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y la Ciudad de México, que hagan llegar a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República sus observaciones y propuestas sobre la Ley General de Seguridad Vial para incorporarlos al dictamen.
Stephan Brodziak, de la organización el Poder del Consumidor, dijo que de 2012 a 2017 han muerto más de 100,000 personas en accidentes viales. Añadió que el gobierno ha sido omiso al aplicar políticas públicas que reduzcan esta tasa de mortalidad.
Comentó que la propuesta de Ley General de Seguridad Vial, propuesta por la sociedad civil, toca muchos intereses y es muy ambiciosa, pero el Congreso de la Unión deberá anteponer el mandato constitucional que tiene de velar por la seguridad de la población.
El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous Loaeza, advirtió que la Ley General debe considerar la diversidad de las capacidades locales y ser lo suficientemente flexible para considerar las diferencias en las condiciones existentes. Incluso son muy distintos los factores de riesgo y movilidad en cada una de las alcaldías de la CDMX.
Por su parte, el secretario de Movilidad y Transporte de Hidalgo, José Luis Guevara Muñoz expresó que ante las competencias y atribuciones dispersas que hay en diferentes estructuras gubernamentales, es esencial contar con unidades especializadas en materia de movilidad y seguridad vial para que cada estado y municipio del país se alineen con la Ley General.
Antonio Peniche, secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte de Puebla, señaló que cada año mueren en el país, 16 mil personas en siniestros viales. Abundó en que es la segunda causa de muerte, y el costo asociado a estos hechos representa 1.3 por ciento del PIB.
Abundó en que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, un descenso de 5 por ciento en la velocidad promedio, puede traducirse en un 30 por ciento menos en accidentes de tránsito con víctimas mortales.
Noé Rodríguez, secretario de Comunicaciones y Transportes de Tlaxcala, expuso que la ley de seguridad vial debe considerar mecanismos con los que las instituciones estatales y municipales generen información que se concentre en el gobierno federal, para diseñar políticas públicas que atiendan problemas particulares de cada entidad.
Clara Vadillo, representante del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo planteó la creación de un Fondo Nacional de Seguridad Vial, el cual se constituirá como un fideicomiso público para financiar programas y proyectos que prevengan muertes, lesiones y discapacidades.
El objetivo principal, dijo, debe ser la protección de la vida e integridad física de todas las personas, independientemente del modo de transporte que utilicen para trasladarse en las calles del país.
También participaron presidentes municipales y diputados locales de Tlaxcala, CDMX, Hidalgo y Puebla.