Las medidas de apoyo del gobierno "son menores a los 12,000 a 17,000 millones de dólares" de requerimientos anuales que se estima que Pemex necesita para detener la caída en la producción y en el nivel de reservas, señaló Fitch en un comunicado.
La calificación de Pemex, bajada en enero pasado por Fitch a nivel internacional de BBB+ a BBB-, dejó a la petrolera mexicana a un paso de perder el grado de inversión y pasar a terreno especulativo.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público esta día un paquete de ayudas extraordinarias a la empresa por 107,000 millones de pesos (unos 5,555 millones de dólares) para este año.
Fitch destacó que esta inyección financiera puede ayudar a que Pemex tenga un flujo de fondos libres neutral y a que no incremente su deuda. "Pero las inversiones en exploración y producción se mantendrán presionadas y no ayudarán a mejorar la producción y la disminución de reservas", precisó.
Las ayudas del gobierno a Pemex comprenden su capitalización anual por 1,298 millones de dólares, un pago adelantado de pagarés por 1,818 millones de dólares, un incentivo fiscal de 778.8 millones de dólares y ahorros por el combate al robo de combustible por 1,661 millones de dólares.
López Obrador aseguró al presentar este plan de ayuda que su gobierno, que se inició el 1 de diciembre, asume el "desafío" de limpiar de corrupción a Pemex a fin de devolverle la viabilidad financiera que perdió en los últimos gobiernos.
Durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se quisieron enfrentar los problemas de la empresa con planes de austeridad y recortes de personal mientras se potenciaba la reforma energética, que abrió el sector energético a la iniciativa privada tras casi ocho décadas de monopolio estatal.
Sobre la empresa también pesan fuertes acusaciones de corrupción, por ejemplo en contra del que fuera director general entre 2012 y 2016, Emilio Lozoya, por su supuesta vinculación en el caso Odebrecht.
El gobierno del López Obrador echó a andar el 21 de diciembre pasado una estrategia de combate al robo de hidrocarburos, el cual dijo que le costaba al país unos 65.000 millones de pesos anuales (unos 3.412 millones de dólares).