La Ley establece que, a partir del año 2040 no se permitirá la matriculación y venta en España de autos de pasajeros y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono. Esto supone la prohibición directa de comercialización de vehículos diésel, gasolina, GNC y GLP e híbridos en todas sus tipologías. En la práctica, esto significa ir en contra del principio de neutralidad tecnológica defendido al máximo por la Unión Europea.
Desde el momento mismo de aprobación de la Ley, prohíbe cualquier subvención que favorezca el consumo de combustibles fósiles. Esto significa que sólo se podrán subvencionar los vehículos eléctricos puros, con lo que desactiva los actuales planes de apoyo al vehículo alternativo y discrimina, desde ya, a una tecnología limpia y eficiente frente a otras, que deben servir de puente para alcanzar la movilidad cero y bajas emisiones.
Anfac resalta que "la industria está totalmente comprometida con la descarbonización del parque automovilístico" pero que la transición hacía "una movilidad cero y bajas emisiones" ha de ser "ordenada, justa y rentable, desde el punto de vista social y económico", explicó su vicepresidente ejecutivo, Mario Armero.
La Anfac asegura que el gobierno "no ha contado con la opinión de las asociaciones del sector ni de los sindicatos" a la hora de redactar este proyecto cuando el clima entre ministerios y asociaciones era "de total interlocución y colaboración", plasmado en las negociaciones para la constitución del Consejo Estratégico de la Automoción, de cara a generar un Acuerdo marco para el sector y la industria.
Anfac ha convocado en próximas fechas a su Comisión de Estrategia para revisar el posible impacto que este marco puede tener en la industria automotriz española.