Puntualizó que la Circular CJSL/DEJC/011/2018, publicada este miércoles en la Gaceta Oficial, ordena a jueces y secretarios de Juzgados Cívicos aplicar de forma adecuada los procedimientos del Programa “Conduce Sin Alcohol” para preservar la vida e integridad física y psíquica de las personas.
Enfatizó que, actualmente, la administración capitalina cuenta con un sistema de registro informático que permite conocer la situación procesal de quienes son remitidos al llamado “Torito” por determinación del Juez Cívico Itinerante.
Mencionó que éste permite detectar con eficacia a los reincidentes de faltas administrativas y agregó que está coordinado con las Secretarías de Seguridad Pública y de Gobierno.
“En asuntos para proteger la vida y la seguridad de los capitalinos, así como de quienes transitan por la metrópoli, la aplicación efectiva de la ley; ninguna orden de prescripción de sanciones en ‘Torito’ y sí estrategias con otros entes de gobierno para afianzar la justicia administrativa”, remarcó Hernández Martínez.
Indicó que la publicación de carácter interno busca unificar criterios entre el personal de Justicia Cívica, a fin de garantizar la eficiencia en los procedimientos iniciados en Juzgados Cívicos Itinerantes, así como su correcta resolución, en apego a lo establecido en la Carta Magna y los Tratados Internacionales.
En el caso de quienes promuevan juicio de amparo por el arresto que va de 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social por rebasar los niveles de alcohol permitidos en la sangre para conducir, dijo que la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica se sujetará a lo establecido en la legislación.
“Hoy, con información adecuada sobre imposición, seguimiento y cumplimiento de la pena privativa de la libertad referente al programa ‘Conduce sin Alcohol’, damos todas las garantías otorgadas por la norma y realizamos acciones tendientes a evitar arbitrariedades en las órdenes de ejecución”, refirió.
Comentó que la Circular CJSL/DEJC/011/2018 optimiza la operatividad de jueces y secretarios de Justicia Cívica y atiende la recomendación 01/2017 de la Comisión de Derechos Humanos local.