En el evento, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Hugo Javier Buenrostro Aguilar, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resaltó que el aumento de la población en las ciudades ha modificado drásticamente el entorno, por lo que se requiere un trabajo de planificación y administración transdisciplinarios.
En su conferencia magistral “Las ciudades y el cambio climático. Ciudades resilientes”, el investigador afirmó: “no podemos estar sólo en economía, administración o finanzas, tenemos que acercarnos a institutos y estudios, a fin de que las políticas públicas que se generen tengan una verdadera base”.
Actualmente las megalópolis enfrentan retos de planificación y administración a largo plazo, con una visión estratégica de 5, 10 o 15 años, que requiere ser evaluada para atender no sólo fenómenos naturales sino los creados por la humanidad.
La situación de las ciudades no se va a detener, explicó, estudios platean que si quisiéramos resolver los problemas del planeta tendríamos que detener la producción durante 200 años ¿quién de nosotros aceptaría regresar a la época de las cavernas para que el mundo se recupere? Por ello, tenemos que buscar una estrategia sin afectar el entorno y el medio ambiente.
“Debemos tener claro que la humanidad se cruzó en el camino de la naturaleza y eso es lo que provoca las situaciones que actualmente vivimos; por ejemplo, la alineación de edificios genera túneles de viento locales que lo modifican y genera estancamientos del esmog, provocando islas de calor y microclimas y, con ello, lluvias, inundaciones y tráfico”, explicó.
Ante esta situación, se requieren enfoques multi e intra-transdisciplinarios para encontrar soluciones de manera conjunta que permitan llegar a la sustentabilidad. La resiliencia debe ser flexible y capaz de funcionar en escenarios pronosticados e inesperados, a fin de desarrollar marcos legales, políticos y económicos que mejoren nuestra capacidad de adaptación.
En el panel “Políticas y programas ambientales en las urbes”, Leticia Mejía Hernández, subprocuradora Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, destacó que en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se generan más de 31,000 toneladas al año de PM10, una de las partículas más peligrosas para la salud.
La autoridad tiene la obligación de garantizar a los ciudadanos un ambiente sano, por lo que las medidas que se implementen en las ciudades deben integrarse con otras para que los beneficios sean completos.
Expresó que en la Ciudad de México, una las medidas implementadas que han dado buen resultado fue el establecimiento de 7 líneas del Metrobús, ya que con ellas se redujo la exposición de contaminantes tóxicos, al generar sólo 164 toneladas de dióxido de carbono.
La investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, doctora Nancy Merary Jiménez Martínez, indicó el 30 por ciento de residuos a nivel mundial no recibe el tratamiento adecuado, “nuestra generación de residuos no ha disminuido, al contrario cada día generamos más”.
Dijo que la gestión integral no se ha alcanzado en México porque la componente normativa y de planeación es insipiente, el equipamiento y la infraestructura son insuficientes e ineficiente porque se enfrentan a una deslocalización de infraestructuras para el aprovechamiento del valor de los residuos. “No hay plantas de transferencia ni de reciclaje; todas se ubican en las zona centro con relación a las del resto del país”.
La tasa de reciclaje en México es de 10 por ciento; sin embargo, gran parte de esta actividad se lleva a cabo por los pepenadores, “si no fuera por ellos estaríamos en el 3 por ciento”. Mientras, en la recolección, la mayoría de los municipios sí tienen servicios eficientes; el 80 por ciento lo utiliza como la principal forma de eliminar los residuos y el 90 por ciento de estos se recogen mezclados, y solo la CDMX ha avanzado más en esto.
En el panel “Desarrollo Urbano y Sustentable”, el investigador José Antonio Rosique Cañas comentó que en el problema de la megalópolis existe ingobernabilidad en todos los aspectos y las culpas vuelan para todos lados, hacia el pasado o el presente e incluso a los ciudadanos, pero “todos tenemos responsabilidad en lo que está pasando”.
Agregó que el foro tiene como función presentar todas las visiones posibles para que “se vaya construyendo una visión integral de cuál es el problema de las ciudades”.
El director de Movilidad Urbana WRI del Instituto de Recursos Mundiales, Marco Tulio Priego Adriano, señaló que el 90 por ciento de la gente se siente insegura en la Ciudad de México, y el 21 por ciento de la población dejó de usar el transporte público como actividad cotidiana por miedo a ser víctima de algún delito. “Si no se ataca este problema de inseguridad, este medio de transporte no será factible”.
Expuso que 4,000 personas al año en la megalópolis (CDMX y Estado de México) fallecen por temas relacionados con la mala calidad del aire, relacionadas con el transporte en general; por ello, es necesario disminuir esta problemática.
México todavía es una ciudad que se mueve de manera sustentable; cerca del 45 por ciento utiliza el transporte público; 20 por ciento el transporte privado; 2 la bicicleta y el 32 por ciento camina.
Francisco Cravioto Lagos, coordinador de Incidencia en Políticas Forestales en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, indicó que las comunidades que habitan en los ecosistemas forestales, suelen ser aquellas que son azotadas más fuerte debido a que viven en regiones montañosas. “Para ellas no es tan fácil posicionar o comercializar bienes provenientes del aprovechamiento forestal como lo es en la agricultura”.
Dijo que México a nivel internacional es ejemplo del aprovechamiento forestal, ya que no ha degradado a los bosques sino al contrario ha fomentado su recuperación y ha permitido que se fortalezcan estos ecosistemas.
Propuso como política pública, ampliar la superficie bajo manejo forestal comunitario a 15 millones de hectáreas y establecer el manejo forestal comunitario como objeto prioritario.