En entrevista con Notimex, el especialista recordó que a esta opinión se suma la observación que hiciera la víspera el Colegio de Ingenieros al considerar que la opción del aeropuerto en Santa Lucía no costaría 80 mil millones de pesos, sino más de 200,000 millones.
A ello se suma también las observaciones del organismo sin fines de lucro del Instituto Tecnológico de Massachusetts “Mitre” en el sentido de que una segunda opción como Santa Lucia sería viable “solo si se reducen el número de operaciones”, añadió.
Bajo esas indicaciones, dijo, incluso si el proyecto de Santa Lucia costara 80,000 millones de pesos, como dicen quienes apoyan esa propuesta, su ejecución implicaría “perder 120,000 millones de pesos que ya no se van a recuperar porque ya se invirtieron, además de invertir 80,000 millones en el nuevo aeropuerto”, lo que sumaría 200 ,000 millones de pesos.
“Lo que estamos diciendo es que nos costaría 200,000 millones de pesos tener menos capacidad aérea” y eso suena ilógico cuando el problema que está generando la creación de un nuevo aeropuerto es que la capacidad ha sido rebasada.
Recordó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tiene una capacidad para 32 millones de pasajeros al año, sin embargo, actualmente la terminal aérea “está trabajando por encima de los 44 millones de pasajeros”.
De hecho, en varias ocasiones, como en 2014, en más de 1,800 veces se ha superado el número máximo de vuelos por hora y que ascienden hasta 61 vuelos para garantizar traslados seguros.
Max Kaiser aseveró que “el tema aquí es no llevar la discusión como si estuviéramos en el punto cero, que sería equivalente a decir ´tenemos dos terrenos, vamos a ver cuál de los dos es el mejor´, esa no es la discusión en este momento”.
Lo que tenemos, añadió, es que existe un proyecto en curso, contratos en ejecución, dinero ya invertido y obra ejecutada, y la decisión es: “Se continúa con eso o se hace algo diferente”.
Advirtió que se debe evitar caer en discusiones hipotéticas: “Es que hubiera sido mejor… es que se debió haber tomado en cuenta el impacto ambiental”, por lo cual en todas esas posturas hay que buscar a un responsable, pero no detener un proyecto de semejante magnitud. “El proyecto está en curso, los contratos se están ejecutando y el dinero ya se gastó”, refirió.
En todo caso el debate debe versar sobre cuál es la mejor alternativa en este momento, si se deben hacer cambios o se deben hacer revisiones, así como los costos que implica dejar parado el proyecto en la búsqueda de otro que quizás no es tan viable.
Otro punto que todavía no ha sido abordado y que implica tanto al nuevo aeropuerto como el proyecto que se plantea para Santa Lucia, es el tema de la infraestructura vial para comunicar a dichas terminales aéreas.
En ese sentido recordó que hay documentos y proyectos que planteasn que para el aeropuerto se requiere de por lo menos una línea de Metro, transporte multimodal y una serie de trasportes públicos, además de vías de comunicación por carretera.
Y el mismo problema se presenta para la propuesta del Aeropuerto de Santa Lucia, ya que en ambos casos no existen vialidades ni forma de transporte que garanticen una comunicación fluida y constante a dichas terminales.
“Ningún mega aeropuerto del mundo funciona sin transporte público, y todos tienen trenes, metros, transporte multimodal además de coche”, comentó
Otro reto será poner de acuerdo a tres gobiernos que serían el Federal, el del Estado de México y el de la Ciudad de México, ya sea para cualquiera de los dos aeropuertos, a fin de garantizar que tengan acceso vial.
“Lo último que podríamos esperar es que cualquiera de estos dos proyectos funcione con gente llegando en automóvil, eso sería una locura, advirtió Kaiser.
Dio a conocer que el IMCO entregó el pasado 4 de septiembre la propuesta y análisis de la viabilidad de este aeropuerto, un día antes de la fecha limite, y manifestó su confianza en que la administración entrante considere estas observaciones de manera objetiva.
En ese sentido, comentó que fueron recibidos por Javier Jiménez Espriú, con quien tuvieron una larga plática y a quien entregaron tanto digital como físicamente el estudio hecho por IMCO.
Ante la consulta que tendrá lugar en octubre próximo, el reto también es ayudar a la gente a tener claro que de no continuar con el proyecto y cancelar costaría 120,000 millones de pesos; construir algo nuevo cuesta 80,000 millones de pesos pero con menos operaciones, además de que el mensaje que se daría a los inversionistas mexicanos y extranjeros es que en México no se pueden hacer proyectos de infraestructura transexenales porque están sometidos a criterios políticos.
Informar a la población sobre estos tres puntos ayudaría a que no se perdiera en una parafernalia de información y evitaría tomar una decisión que bien podría tener más tintes políticos que reales, concluyó.