Argumentó que la posible cancelación del proyecto sería un “balazo en el pie”, ya que dicha obra es la única que puede hacerle frente al crecimiento de la demanda en el transporte aéreo, además de abonar al desarrollo del país.
En conferencia de prensa, reiteró la necesidad de este proyecto, ya que el actual aeropuerto es una infraestructura obsoleta para el movimiento de pasajeros, mientras que la saturación provoca demoras y afecta la conectividad nacional e internacional.
“La saturación no solo es un problema económico, un problema de competitividad, es también un problema de seguridad, en 2014 se emitió una declaratoria de saturación porque en más de 1,800 veces se rebasó las 61 operaciones por hora; el aeropuerto está en los límites, es un tema de seguridad en postergar el nuevo aeropuerto”, dijo.
Por ello, insistió en la continuación del nuevo aeropuerto, siendo la mejor opción la zona de Texcoco, lugar que se analizó desde hace 18 años, junto con Tizayuca, sin que la base aérea de Santa Lucía fuera propuesta, debido a que no fue validada por Mitre.
“Es un falso dilema la visión de Santa Lucía... eso no quita que Texcoco tenga grandes complejidades de ingeniería, hundimientos; no hay un sitio idóneo, pero dentro de las opciones es el mejor lugar para hacer un aeropuerto”, dijo.
Sobre la consulta que se realizará sobre el proyecto, reiteró que “es como preguntar si se le dispara o no al pie de la economía mexicana, porque no solo tiene implicaciones logísticas, sino financieras, como lo han mencionado calificadoras. Es una obra imprescindible para el funcionamiento de una economía moderna”.
En este sentido, consideró que se debe tomar una decisión sobre el proyecto con base en información documentada, seria, de instituciones que respaldan datos y evidencias.
El director de Anticorrupción del Imco, Max Káiser, comentó a su vez que el costo del nuevo aeropuerto se elevó debido a que fue calculado en 2014, con el tipo de cambio de ese entonces, por lo que al actualizarlo subió 70 por ciento, lo que provoca que se pase de 169,000 a 285,000 millones de pesos.
Bajo este panorama, el Imco recomendó modificar la Ley de Obra Pública y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como crear una autoridad nacional encargada de la planeación de proyectos de infraestructura a gran escala, por mencionar algunas sugerencias.