En su comparecencia, realizada en el Congreso del Estado, la titular de Semov de Colima expuso que en políticas públicas en materia de movilidad, la prioridad es el usuario.
“Hemos empezado a implementar la Ley de Movilidad Sustentable para el estado de Colima y también nos basamos en el programa sectorial de desarrollo que se elaboró en abril de este año, el cual rige cada una de las acciones que desarrollamos en la Secretaría y se divide en cinco áreas: Movilidad integrada, segura, limpia, eficiente y abierta”, explicó Gisela Méndez.
Respecto a la mejora del transporte público señaló que la Semov ha atendido demandas especiales sobre rutas especiales, particularmente para estudiantes y zonas rurales.
“Hay tres rutas especiales que hemos arrancado. Una es la ruta escolar Isenco, que se contrató con un esquema innovador con el concesionario, el cual recibe su pago por el cumplimiento de los servicios y no por los estudiantes que transporta. Además incluimos una nueva ruta nocturna para la movilidad de estudiantes del Bachillerato 33. Y otra es la ruta directa a la comunidad de Suchitlán, en la que se tienen más de 220 pasajeros todos los días”, detalló la funcionaria estatal.
Asimismo señaló que para atender los compromisos del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez la dependencia ha solucionado problemas de transporte en La Becerrera, Minatitlán y Potrero Grande, evaluando las condiciones de movilidad.
Señaló que La Ley de Movilidad definió el compromiso de revisar las tarifas, y aunado al aumento del precio de los combustibles, se establecieron mesas de análisis entre la autoridad y los concesionarios para tomar decisiones responsables y modernizar el sistema de transporte público colectivo, llegando a un acuerdo tarifario de transporte público en Manzanillo, desde mayo de este año y recientemente en Colima y Villa de Álvarez.
“Los acuerdos tarifarios los vamos haciendo municipio por municipio, entendiendo cuáles son las necesidades y los compromisos de mejora para cada uno”, expuso.
Mencionó que los concesionarios deben cumplir con los horarios y servicios; existe un compromiso de adquisición del 30 por ciento de la flota para el siguiente año, por lo que hay un ahorro obligatorio para todos los concesionarios; se deben tener las unidades en buenas condiciones y se formalizó el trabajo de los operadores.
Mientras que la autoridad se ha comprometido a instalar paraderos, capacitar a las empresas de transporte público y por medio del fideicomiso generar transparencia en el manejo de los recursos.
Por otra parte, indicó que otorgaron 180 concesiones de taxi, de las 596 solicitudes, cumpliendo con la Ley de Movilidad Sustentable y se revocaron 44 concesiones de taxi. También informó que la entrada en operación de nuevos vehículos, en la modalidad de taxi estándar y ejecutivo, y el cambio de cromática brindará mejor servicio a la ciudadanía.
Añadió que en lo que se refiere a la movilidad no motorizada, la Semov ha apoyado proyectos no motorizados que se implementen en los municipios o en el gobierno del estado.
“Tenemos un proyecto de 150 kilómetros que necesitamos de infraestructura ciclista en todo el Estado, lo que representa una inversión aproximada de 400 millones de pesos. Y empezamos con una ciclovía intermunicipal de Coquimatlán a Lo de Villa”, señaló la funcionaria, quien agregó que en el 2017 el 80 por ciento del Fondo Metropolitano se destinó a infraestructura no motorizada.
De igual forma dio a conocer avances en otras áreas de la dependencia estatal. En este sentido informó que el nuevo diseño de la placa ha tenido muy buena respuesta, ya que se ha emitido en este año casi 45,000 placas y esperan cerrar el año con 55,000 vehículos emplacados y una tercera parte de renovación.
Además, comentó que la Semov emite 50,000 licencias al año, pero este año en el periodo de descuento del 50 por ciento en zonas urbanas y rurales se entregaron más de 23,000 licencias, lo que representa el trabajo de la Semov de seis meses que se realizó en dos meses.
También, informó que se capacitó a 4,500 operadores de transporte público, especialmente a taxistas.
Señaló que el Programa de Alcoholemia se enmarca en la estrategia estatal de Seguridad Vial, que busca reducir las muertes y lesiones por hechos de tránsito, en el que colaboran las secretarías de Salud, Movilidad, Seguridad Pública, los municipios, Cruz Roja y Policía Federal.
En ese sentido, Gisela Méndez dijo que hasta el mes de septiembre del 2017 se desarrollaron 31 operativos y 2,600 pruebas, que se aplican de forma aleatoria.
Por último, dio a conocer que en la revisión vehicular 2016 se presentaron 2,505 unidades del transporte público, de las cuales 1,957 fueron aprobadas, 548 no aprobaron y 464 no se presentaron, por lo que se revisó un 66 por ciento de la flota.