Señaló que actualmente existen 5,500 programas en materia social. Consideró que “son demasiados, ya que algunos no resuelven los problemas para los que fueron creados; sin embargo, presentan gastos mayores”.
Aseguró que se requiere coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, a fin de que, con los mismos recursos, realicen un mejor diseño de programas de asistencia social. Además, apoyen con mayor presupuesto a aquellos que estén ligados con la medición de la pobreza y que presenten eficacia en sus evaluaciones.
Otro reto, continuó, es mejorar la información que contengan dichos programas e incluir el proceso de padrones. Afirmó que “seguimos sin tener información adecuada y mejorada sobre los procesos de política pública, si nos comparamos con países como Colombia y Chile, que presentan menos problemas en este sentido”.
Hernández Licona resaltó que si bien las carencias educativas y el acceso a la salud y vivienda disminuyeron, es decir, las coberturas aumentaron comparadas con las de 2010 y 2015, la calidad en estos servicios es aún deficiente, principalmente en educación y salud. “El reto es tener un acceso efectivo que incluya calidad, pero lo que tenemos son accesos básicos”.
Sostuvo que nuestro país no ha tenido en 30 años un crecimiento económico adecuado, ya que sólo ha sido de alrededor del 2 por ciento; en tanto, países como Irlanda, Chile, Portugal y Corea del Sur, presentaron mayores tasas. Esa situación en el país ha generado que el ingreso de las familias, uno de los elementos más importantes en la medición de pobreza, sea deficiente, enfatizó.
Consideró un error creer que la única dependencia responsable de bajar la pobreza sea la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Uno de los rubros más importantes para medirla, explicó, es el ingreso de las familias y esta dependencia tiene una incidencia muy pequeña en esta cuestión. “Eso depende de otras, por lo que se requiere de la coordinación entre estas o al menos tener un indicador que aglutine toda la información”, dijo.
Respecto a la igualdad de oportunidades, señaló que las más afectadas son las mujeres indígenas, pues aunque acceden a la primaria y secundaria, principalmente, no compiten en igualdad de circunstancias, lo que hace que México se encuentre lejos de alcanzar esa paridad. “Eso implica que las políticas públicas tienen que ir más allá que un conjunto de programas presupuestarios”.
En la sesión de preguntas y respuestas, la diputada Araceli Damián González cuestionó si el Coneval ya ha pensado, con miras a los próximos 10 años, en seguir midiendo la pobreza con el mismo indicador.
En cuanto a la pobreza laboral, comentó que de 2005 a 2015 se tiene un aumento de personas que no cubren la canasta. “Estamos con un discurso de que sí ha bajado un poquito la pobreza, pero en términos reales, en el indicador fundamental que es el que empuja a la población a salir de la pobreza, que son los ingresos laborales, eso no se ha logrado”.
Subrayó que después de tener una baja inflación en 2014-2016, ahora se tiene un fuerte aumento. El Banco de México refiere que a finales de este año bajará, pero “la gente come todos los días y no le sirve de nada, en términos de condiciones de vida, que la inflación no suba tanto, porque finalmente ya tendría que ser negativa para que tuviera un impacto positivo”, afirmó.
El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes (Encuentro Social) señaló que el costo que generan las pensiones y jubilaciones, las enfermedades crónico-degenerativas y el incremento de la esperanza de vida, “se están comiendo el Producto Interno Bruto del país”.
Estimó que con la coordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social se pudieron lograr compras consolidadas, sobre todo de medicamentos que atienden todo tipo de enfermedades. Sin embargo, en la apertura para abaratar el costo de los mismos, únicamente 18 estados participaron en la licitación consolidada. Pidió su opinión al respecto.
El funcionario Hernández Licona comentó que, afortunadamente, “hoy vemos a varios gobernadores interesados en reducir la pobreza, y es que hay un incentivo político, porque a ningún mandatario le gusta que la pobreza suba en su estado”.
Comentó que, en 2006, el ingreso laboral, ya sea con canasta alimentaria o con inflación, estaba mejor que en 2017, por lo que el gran reto de la política económica del país es qué hacer para que exista una mayor generación de empleos y una mejor remuneración, ya que el motor más importante de la reducción de la pobreza es y ha sido el ingreso.
El director general de Análisis de la Pobreza, del Coneval, Ricardo César Aparicio, estimó que la experiencia de estos 15 años de la nueva institucionalización de la política de desarrollo social, permitirá generar nuevos instrumentos en la normatividad para combatir la pobreza.
Mencionó que las mediciones municipales le dan una gran riqueza a los diagnósticos territoriales y la posibilidad de evaluar la política pública; sin embargo, “ponen muchas restricciones de información, porque sólo podemos incorporar aquello que se puede medir a nivel municipal en una misma fuente”.