En su artículo Las leyes secundarias en el ramo energético y el despojo social, publicado en el libro Reformas estructurales: privatización y despojo social, sostiene que tal situación debiera ser punto de preocupación del Estado mexicano que con la intención de brindar inmejorables oportunidades de negocio creó condiciones de inestabilidad social que ningún capitalista quiere enfrentar.
“En ese sentido tendrían que revisarse la reforma energética y sus leyes secundarias, pero la tarea es casi imposible en las condiciones económicas y políticas actuales, vinculadas a los grandes intereses internacionales”.
La académica del Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco considera que en los términos de la reforma se da un salto hacia atrás en la historia del país, porque al abrir de manera indiscriminada esta industria a la inversión privada nacional y extranjera se modificará la contribución del sector a las finanzas públicas y al financiamiento de programas.
Su implementación se traducirá también en fuente de conflictos sociales debido a que uno de los ejes centrales descansa en lo que se ha denominado, tanto en la Ley de Hidrocarburos como en la Ley de la Industria Eléctrica, como servidumbre legal, ocupación o afectación superficial referente a una estrategia de explotación de terrenos, predios y bienes, y la conculcación de derechos de pueblos y comunidades en beneficio de las empresas privadas.
Como política pública de expropiación el gobierno federal esgrime preceptos de interés social y orden público que, como ya sucede en el caso de la Ley de Minería, serán utilizados en contra de las comunidades para que el capital privado nacional y extranjero pueda hacerse de enormes extensiones de tierra, costas y mares.
Huerta Moreno añade que las obligaciones internacionales que a lo largo del tiempo adquirió el Estado mexicano con sus comunidades se desdibujan con las leyes secundarias del ramo energético.
En el ámbito interno se trasgreden los ordenamientos establecidos en los artículos primero, segundo y cuarto de la Ley de Desarrollo Sustentable en los que se habla del reconocimiento gubernamental de la vulnerabilidad del sector rural y la necesidad de llevar a cabo acciones que permitan elevar la calidad de vida de las poblaciones ejidales y comunales.
Y en el plano internacional se incumplen principios fundamentales del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes, afirma la doctora Huerta Moreno.