En entrevista, el legislador manifestó la necesidad de un marco jurídico adecuado en el ámbito local para enfrentar el cambio climático a través de alternativas de movilidad no motorizada.
Destacó que en 1990, en la capital del país, la velocidad promedio en auto era de 40 km por hora, hoy es de 6 a 8 km en hora pico. Además, expresó que el 50 por ciento de los viajes llevados a cabo en la ciudad no son mayores a 8 Km/h.
Por ello, aseguró que esta situación amplía el margen en el uso de la bicicleta como medio de transporte no motorizado, lo cual permitiría contaminar menos y recorrer mayores distancias en menos tiempo, cuando hay problemas de congestionamiento vehicular.
Recordó que en el “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, implementado por el gobierno federal, se incluyen políticas de movilidad sustentable, debido a que el 77 por ciento de la población vive en ciudades donde se está incrementando el uso de automotores y combustibles fósiles, provocando que el transporte público y el auto representen la segunda fuente más importante de emisiones de gases de efecto invernadero.
En atención al plan mencionado, el diputado ecologista explicó que el gobierno de la ciudad de México, al implementar el nuevo Reglamento de Tránsito, pretende brindar a motociclistas, ciclistas y peatones, más seguridad, así como beneficios a conductores de vehículos motorizados, pues contribuye a que éstos mantengan una velocidad constante permitida en largas distancias, lo cual reduce los gastos en combustibles y al mismo tiempo disminuye las emisiones contaminantes.
Por nuestra parte, dijo, “las comisiones de Movilidad y Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa estamos trabajando de manera coordinada, para impulsar el uso de la bicicleta y los automotores eléctricos, así como un transporte público menos contaminante”.
Finalmente, López Adame aseguró que para el Partido Verde en la Asamblea Legislativa resulta importante difundir el nuevo Reglamento de Tránsito entre las personas con discapacidad y/o movilidad limitada; ciclistas; usuarios del transporte público de pasajeros; prestadores del servicio de transporte público de pasajeros y de transporte de carga y distribución de mercancías, para que conozcan a fondo sus derechos y obligaciones.