La tasa de desempleo juvenil representa el doble de la tasa general y el triple de la de adultos; contrario a ser la mayor fuerza económica, los jóvenes representan el 43 por ciento del total de los desempleados del país.
Ante este escenario, la diputada Joaquina Navarrete Contreras (PRD) presentó en la Comisión Permanente un exhorto para que los titulares de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, y del instituto Mexicano de la Juventud, fortalezcan políticas públicas específicas, estratégicas y eficientes, para resolver de raíz ese problema social y garantizar los derechos de los jóvenes al estudio, a la capacitación y al trabajo digno.
Asimismo, solicitó a las secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Economía convocar a un Acuerdo Nacional por el Empleo y Autoempleo Dignos para los Jóvenes.
“Es necesario impulsar a las nuevas generaciones a través de ideas innovadoras y permanentes. Hoy seis de cada 10 empleos, además, se consiguen en la informalidad, lo cual es sinónimo de bajos salarios, inestabilidad laboral y carencia de protección y derechos”, apuntó.
En el documento, turnado a la Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-, Navarrete Contreras explicó que la falta de experiencia es un factor principal en la exclusión laboral de los jóvenes.
“Ese hecho los conduce al desempleo, al trabajo informal o a aceptar labores absolutamente injustas”, subrayó.
"Los jóvenes adquieren rápidamente nuevas habilidades y conocimientos. La experiencia, es la práctica del día a día, más hay actitudes y aptitudes que no son fáciles de conseguir y que ellos ofrecen; sin embargo, las empresas en ocasiones no las valoran”, explicó.
Consideró que ante la necesidad ser productivos, esta población se abre a una cadena de contratos eventuales, lo cual afecta su derecho a un proyecto de vida, que incluye la supresión de derechos laborales y de seguridad social.
Indicó que la propia Constitución Política o la Ley Federal del Trabajo establecen que, tanto el Estado como las empresas, deben fomentar y generar oportunidades para incluir a los jóvenes al mercado laboral; no obstante, afirmó, no se realiza dicho apoyo.
La legisladora consideró que “hay que pasar de la preocupación a la acción”, pues el problema del desempleo tiene consecuencias sobre la estabilidad social e incluso afecta la gobernabilidad democrática.
“Todos los niveles de gobierno deben coordinar su labor y legislar de forma coherente para mejorar los programas de formación y capacitación de los jóvenes y facilitar su inclusión laboral”, precisó.
Nuestros jóvenes han esperado más de lo suficiente; es la hora de respetar sus derechos a plenitud, subrayó.