"Nosotros cada cierto tiempo vamos al Congreso y al USTR (Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos) para explicarles nuestra posición", dijo Craig en un encuentro con periodistas extranjeros en Quito.
"No somos los únicos, hay varios grupos, como la Cámara de Comercio (de Estados Unidos), que dicen que no se deben renovar" los beneficios arancelarios, los cuales vencen dentro de un año.
El programa, conocido por las siglas ATPDEA, premiaba con el acceso libre de aranceles al mercado más grande del mundo a la mayoría de los productos de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador en reconocimiento por su lucha contra las drogas.
Perú y Colombia ya no necesitan el programa, por la entrada en vigor de sus tratados de libre comercio con Estados Unidos, mientras que Washington suspendió a Bolivia en 2008, con lo que Ecuador solicita ahora en solitario su renovación.
Chevron, condenada a pagar más de 18,000 millones de dólares por daños ambientales en Ecuador, acusa al gobierno del país andino de mostrar "una falta de respeto absoluta" de su tratado bilateral de inversiones con Estados Unidos.
"¿Por que beneficiar a la República del Ecuador (con el ATPDEA) si no están cumpliendo con sus obligaciones?", se preguntó Craig.
La compañía mantiene que el Estado no ha garantizado "un foro transparente y honesto para ver los distintos reclamos", como establece el tratado, dado que en su opinión los tribunales que le juzgaron emitieron un fallo que es producto de "fraude" y de "soborno", según Craig.
En cambio, Karen Hinton, una portavoz de los demandantes, dijo que la presión de la petrolera para que Estados Unidos no renueve el ATPDEA a Ecuador demuestra la "falta de escrúpulos".
"Los argumentos de Chevron no solo están basados en una serie de mentiras, sino que la petición es contraria al objetivo de la política exterior de Estados Unidos de promover el Estado de Derecho en América Latina", dijo Hinton en un comunicado.
La portavoz afirmó que Chevron ha "reclutado" para presionar al USTR a organizaciones empresariales a las que da apoyo económico, como la Asociación Nacional de Manufactureros, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Nacional de Comercio Exterior.
Bienes por valor de 1,700 millones de dólares de Ecuador se beneficiaron el año pasado de las preferencias arancelarias, según un informe del USTR divulgado el pasado sábado en Washington.
Ese documento afirmaba que en relación a la posible renovación de las preferencias, el gobierno estadounidense "vigilaba" el litigio entre Ecuador y Chevron en un tribunal arbitral de La Haya que ve demandas bajo el tratado bilateral de inversiones.
Esa corte se ha declarado competente para dirimir el caso y ha ordenado al estado ecuatoriano impedir la ejecución del fallo contra la petrolera hasta que no emita su dictamen.
Mientras, los demandantes han presentado querellas contra la petrolera en Canadá y Brasil para que los tribunales de esos países reconozcan la sentencia y fuercen el embargo de sus bienes allí, dado que Chevron carece de activos en Ecuador.
Por su lado, la petrolera ha pedido al tribunal de La Haya que ordene que cualquier fallo en su contra lo pague Ecuador, dado que el Estado firmó en 1998 un acta en el que libraba a la empresa de responsabilidad por los pasivos ambientales, explicó Craig.
"Todo lo que alegan que son daños ambientales, esos ya son responsabilidad del Estado. Si dicen que son 18,000 millones (de dólares de indemnización), entonces que lo pague el Estado", dijo el portavoz.
En cambio, los demandantes aseveran que con estos argumentos la empresa solo trata de evadir su responsabilidad.
El caso en Ecuador está ahora en manos de la Corte Nacional de Justicia, que actúa como tribunal supremo y que debe decidir si admite a trámite el recurso de casación presentado por Chevron.