El acuerdo reconoce el derecho de la petrolera a percibir 5,000 millones de dólares (3,700 millones de euros) en títulos de deuda pública y las garantías para su pago efectivo, tal y como articuló ya el preacuerdo alcanzado entre las partes en noviembre.
Según el comunicado remitido a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), el pacto definitivo contempla una serie de mecanismos para asegurar el pago de la compensación y su valor.
Entre ellos, un paquete complementario por un importe máximo de 1,000 millones de dólares cuya entrega se ajustará de manera que el valor de mercado de todos los bonos argentinos entregados a Repsol ascienda, al menos, a 4,670 millones de dólares, con un máximo de 6,000 millones de dólares de valor nominal.
El valor de mercado se calculará tomando como referencia las cotizaciones recibidas de entidades financieras internacionales, aclaró la compañía presidida por Antonio Brufau en el comunicado.
El cierre de la transacción se producirá con la entrega de los bonos a favor de Repsol en una entidad internacional de compensación y liquidación de valores financieros.
Repsol podrá vender los títulos en el mercado o esperar a su vencimiento en 2024. En el primer caso, si obtiene un importe superior a los 5,000 millones de dólares tendría que devolver el excedente a Argentina. En el segundo, los intereses totales podrían ascender a 5,000 dólares, lo que en total alcanzaría la cantidad solicitada en un primer momento por la empresa: 10,000 millones.
"La deuda de la República Argentina frente a Repsol se dará por saldada con el cobro total de la misma, ya sea con la enajenación de los bonos o con el cobro regular de la deuda a sus respectivos vencimientos", informó la multinacional española.
Además, el acuerdo incluye una garantía adicional para que Repsol se asegure el cobro de los 5,000 dólares: podrá acelerar la deuda y reclamar en arbitraje internacional las cantidades pendientes en caso de reestructuración o de incumplimiento del pago de los títulos.
El pacto aprobado hoy por el consejo de administración de Repsol obliga además a ambas partes a renunciar a acciones judiciales, después de que la petrolera paralizara en noviembre, con motivo de la firma del preacuerdo, los litigios iniciados contra Argentina.
El acuerdo tendrá que ser ratificado próximamente por la junta de accionistas de Repsol y por el Parlamento de Argentina.
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