“La inclusión social y la inclusión laboral son dimensiones centrales y complementarias del desarrollo social inclusivo para garantizar un nivel básico de bienestar para todas las personas, y que la política social debe contribuir a avanzar de manera simultánea en los dos ámbitos”, señala el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El informe "Panorama Social de América Latina 2018" de la Cepal apuntó que se registran mejoras continuas en los indicadores de inclusión social relacionados con el acceso a la educación, la salud y la infraestructura básica, pero con notables desigualdades de cobertura y calidad de los servicios.
La educación superior, indicó, sigue reservada para una proporción minoritaria de la población y el estrato social de las familias es el factor que más incide en las diferencias en los resultados del aprendizaje y que persistan marcadas diferencias por sexo que atentan contra las trayectorias de formación de las mujeres.
Por ejemplo “en algunos países, como Chile y el Perú, más del 80 por ciento de la población de 20 a 24 años concluyó la enseñanza secundaria en 2016, en otros, como Guatemala y Honduras, ese porcentaje fue menor del 40 por ciento”.
“Hay un núcleo importante de jóvenes excluidos del sistema educativo, particularmente los que pertenecen a los sectores de menores recursos económicos y territorios aislados, así como a la población indígena y afrodescendiente, que experimentan múltiples desigualdades como resultado de procesos históricos de discriminación y exclusión”, destacó.
Subrayó que “Chile es uno de los países de la región con mayores logros en la ampliación de la cobertura educativa en todos los niveles de enseñanza, los que también se observan entre los niños, las niñas y los jóvenes indígenas".
Sin embargo, manifestó el informe, "persisten las brechas étnicas que se agudizan al combinarse con las brechas territoriales, en un cuadro de gran heterogeneidad entre los pueblos indígenas”.
Respecto a las inequidades en la afiliación o cotización a los sistemas de pensiones y de salud entre los grupos de ingresos refirió que reflejan las dinámicas de exclusión que persisten en la región.
“Entre los retos a enfrentar se incluye superar la segmentación de la calidad de las prestaciones que se entregan en los servicios a los que acceden distintos grupos de la población, que da cuenta de una inclusión aún parcial y dispar en mecanismos clave para el ejercicio de derechos”, consideró.
“Para el promedio de 31 países de América Latina y el Caribe, la mortalidad infantil se redujo más del 30 por ciento entre 2000 y 2015", indicó la Cepal en el informe.
"Esta caída se debió a una combinación de procesos como el avance en la atención primaria de alto impacto y bajo costo, como programas de vacunación, rehidratación oral y control de salud de niños sanos, además el aumento de la cobertura de los servicios básicos como agua potable, así como expansión de la atención prenatal a madres embarazadas y mejoras en la nutrición”, agregó.
Por otra parte, refirió que existen grandes retos asociados a la calidad de la inserción laboral y a los niveles de desempleo, bajos ingresos y altos niveles de desprotección que afectan a una parte importante de la población.
La magnitud del trabajo por cuenta propia, especialmente en la población de menores ingresos, la desprotección que afecta a estos trabajadores en comparación con los de mayores ingresos y la proporción de trabajadores con ingresos por debajo del salario mínimo o en situación de subempleo por nivel de ingresos evidencian los desafíos para la inclusión laboral.
En particular, destacó la persistencia de brechas estructurales en la inclusión laboral de la población rural, las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y la población afrodescendiente.
“Durante 2017 y a comienzos de 2018 se observaron signos de recuperación del mercado de trabajo a nivel regional", según el texto.
"Hubo leves mejoras en la generación de empleo asalariado (de un 0.3 por ciento en 2017), la tasa de ocupación se estabilizó respecto del período anterior y, aunque la tasa de desempleo urbano aumentó del 8.9 por ciento al 9.3 por ciento en promedio en 2017, se elevó a una tasa menor que la del año previo (1.6 puntos porcentuales)”, refirió.
Destacó que la inclusión social y laboral son dimensiones centrales y complementarias del desarrollo social inclusivo para garantizar un nivel básico de bienestar para todas las personas, y que la política social debe contribuir a avanzar simultáneamente en esos dos ámbitos.
“Esa es una condición para avanzar de manera sostenida hacia los compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en particular, para hacer frente a su mandato de no dejar a nadie atrás”, puntualizó.
La Cepal destacó que es fundamental “adoptar una perspectiva universal en las políticas públicas, contribuyendo a la construcción de Estados de bienestar. En este marco será posible avanzar hacia la plena inclusión de toda la población, y no solo de quienes se encuentran en situación de pobreza”.
Para ello, se requerirá de estrategias específicas, sensibles a las diferencias, para cerrar brechas de acceso que afectan a determinados grupos de la población y reconocer el escenario de nuevos y antiguos riesgos que tienen un impacto en la sociedad en su conjunto”.
“En cuanto a la inclusión social, es prioritario seguir impulsando la universalización de la cobertura de la educación, la salud, la vivienda y los servicios básicos, así como potenciar los sistemas de educación, formación y capacitación técnica y profesional”, puntualizó.