El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, con 79 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, el Dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan un artículo 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y un artículo 168 Ter al Código Penal Federal, en materia de bloqueadores de señales de telecomunicación (“Jammers”), la cual establece la sanción por la fabricación, venta, compra, instalación, portación o uso de bloqueadores de señal de telefonía, radiocomunicación o transmisión de datos o imagen. La “Ley Anti-Jammer”, será de sobremanera benéfica para los sectores del autotransporte de carga, asegurador y de rastreo satelital, pues permitirá incrementar los niveles de seguridad para el traslado de mercancías.
Con esta nueva ley que será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se busca proteger y reforzar al traslado de mercancías, y con ello a toda la cadena de distribución integrada por fabricantes de bienes y productos, empresas transportistas, proveedores de rastreo satelital, custodias, aseguradoras y comercializadores. Cabe apuntar que entre enero y noviembre de 2019, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) reportó y documentó más de 3,000 robos a nivel nacional (únicamente entre sus asociados) , en más del 75 por ciento de los casos se utilizaron “Jammers”.
Al respecto, Víctor Manuel Presichi Amador, presidente de la ANERPV, mencionó que este organismo desde el inicio del proyecto de reforma de Ley, fue un activo promotor, pues aunque los servicios de localización satelital han permitido contrarrestar el robo al transporte y mercancías en tránsito, la utilización de “Jammers” por parte de la delincuencia organizada, permitió crecer sus actividades delictivas de manera exponencial y con un mínimo de riesgo.
“La Ley aprobada y emitida por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, establece una sanción de 12 a 15 años de prisión para quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte u opere dichos dispositivos, conocidos como Jammer. Dichas adiciones contemplan la excepción de uso para que los operadores de centros penitenciarios y de reinserción social puedan utilizar esta tecnología con fines de seguridad pública. Sin duda es un gran paso en pro de la seguridad del autotransporte y de todos los sectores que en él participamos”, refirió el directivo.
Es importante mencionar que el pasado 23 de octubre del presente, la Cámara Baja del Congreso de la Unión, dio un gran paso en la prevención del robo a autotransporte en nuestro país, con la aprobación del dictamen mencionado con 399 votos a favor.
Presichi Amador, destacó que los empresarios que integran a la ANERPV han trabajado arduamente en los últimos meses de la mano de miembros del Poder Legislativo para impulsar las modificaciones constitucionales y del Código Penal que permitan terminar con el uso de dispositivos de bloqueo de señal de rastreo con fines delictivos. Estos productos han tenido una vasta demanda por su libre y abierta comercialización, principalmente en sitios de internet.
Añadió además que, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre 2015 y 2018 el robo a autotransporte incrementó 81 por ciento. Según cifras de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), este delito creció casi un 90 por ciento del 2017 al 2018, mientras que se presentó un aumento del 168 por ciento entre 2012 y 2018.
El directivo afirmó que cada año el robo a autotransporte tiene un impacto económico de 92,000 millones de pesos, de acuerdo con la Canacar. Esto representa aproximadamente el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
“Garantizar la seguridad de la industria del autotransporte en México es clave debido a su aportación a la economía del país. En total, este sector aporta el 5.9 por ciento del PIB nacional”, afirmó Presichi Amador.
La ANERPV –refirió Víctor Presichi- reconoce y agradece el esfuerzo de nuestras Cámaras Legislativas, en especial de los diputados Víctor Manuel Pérez y Juanita Guerra, así como de los Senadores Ricardo Moreno y Lucía Trasviña, para que el día de hoy nuestra propuesta de reforma de ley al artículo 190 de la Ley de Comunicaciones y Transporte se hiciera realidad. Esta reforma permitirá penalizar la comercialización, portación y uso de los inhibidores de señal, utilizados de manera indiscriminada por la delincuencia durante los robos al transporte de carga. Sin duda, seguimos avanzando por un México más seguro.
Impulso legislativo
En su momento, el dictamen aprobado por la Cámara Baja buscaba que los artefactos inhibidores se aseguraran y posteriormente las autoridades los destruyeran en su totalidad. Destaca el hecho de que los artículos transitorios especifican que los particulares que posean aparatos de estas características deberán entregarlos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en los 30 días siguientes de la entrada en vigor del decreto.
Durante su participación en la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, destacó que este trabajo legislativo atiende a un problema creciente de nuestro país: el robo a autotransporte.
La ANERPV ha participado con gran responsabilidad desde el ámbito de la sociedad civil y como aglutinador de las empresas líderes del sector del rastreo en México en el impulso, revisión y asesoramiento técnico necesario para formular esta “Ley Anti-Jammer”, destacó Víctor Presichi.