"Ha mejorado el servicio en la zona central hasta el 60 ó 70 por ciento. A medida que vaya tomando control el Ejército en ciertas zonas, esperamos que la cosa vaya variando", declaró a Efe el presidente de la Federación de Cooperativas de Empresarios Transportistas Salvadoreños (Fecoatrans), Catalino Miranda.
Denunció que en localidades como Soyapango e Ilopango (centro), así como en la región oriental se registra la situación "más grave".
"Se han dado (las pandillas) a la tarea de amenazar directamente a conductores y tomar fotos de los autobuses y microbuses que andan trabajando", advirtió y aseguró que en esos lugares no se presta el servicio.
"Están a cero por ciento de servicio en las colonias y pueblos aledaños", agregó.
Relató que en el departamento de San Miguel, cuya capital es homónima a la región, "es un caos total".
"Las amenazas en el oriente han sido más fuertes por parte de estos grupos", sostuvo Miranda, quien no vaticinó cómo será la situación para los próximos días.
Según informes de medios locales, más rutas se han incorporado a sus labores en el área metropolitana de San Salvador, aunque en muchas áreas los pasajeros se han movilizado en camiones particulares y algunos habilitados por las autoridades.
Miranda lamentó que con esta paralización han sido afectados distintos sectores.
"Todos salimos dañados: la empresa privada, los mercados, las ventas de tomates, aquí todos estamos afectados y no hemos sido solo amenazados nosotros, sino las personas del mercado, incluyendo las patrullas de Policía", afirmó.
Las pandillas Mara Salvatrucha (MS) y Mara 18 (M-18), las principales del país y tradicionalmente enfrentadas, obligaron a paralizar el transporte colectivo en El Salvador por 72 horas, en rechazo a un ley en su contra.
Las pandillas demandan que el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, no avale la ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 1 de septiembre.
La norma penaliza la pertenencia y financiación de las pandillas y eleva a diez años la pena de cárcel por pertenecer a esos grupos.