Chubut está reuniendo información muy precisa sobre el incumplimiento de YPF, "razón por la cual la decisión es continuar con el proceso de reversión en otros cuatro yacimientos" concedidos a la empresa, dijo el gobernador de la provincia, Martín Buzzi, en declaraciones publicadas hoy por la prensa de Buenos Aires.
Buzzi señaló que entre esas concesiones se incluye el área de Manantiales Behr, que concentra el 10 por ciento de la producción de petróleo de Argentina.
Además, dijo que evalúa "revisar las concesiones a YPF en los yacimientos Los Monos, Río Mayo y Respinga Alí, donde prácticamente la inversión proyectada para este año es nula".
"Esta no es una política contraria al capital privado, porque las reglas del mercado dicen que los contratos se firman para ser cumplidos y lo que está haciendo YPF es incumplir claramente las metas de producción e inversión, provocando un grave perjuicio para la provincia y para el país", aseguró el gobernador de Chubut.
Buzzi, que preside la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, a la que están afiliadas las diez provincias petroleras de Argentina, insistió en que "de ninguna manera" va a "convalidar" la "caída de la inversión" de la filial de Repsol.
Chubut ya había quitado concesiones a YPF, al igual que lo hicieron en los últimos quince días las provincias de Neuquén, Santa Cruz, Río Negro y Mendoza.
YPF, la mayor empresa de Argentina y líder del mercado local de hidrocarburos, rechaza las acusaciones gubernamentales de incumplir compromisos de inversión y ha anunciado que recurrirá a la Justicia para defender sus derechos.
Algunos medios de prensa de Buenos Aires aseguran hoy que "crecen los rumores" sobre una intervención gubernamental en YPF, mientras que el diario Página/12 reiteró este sábado que el gobierno de Cristina Fernández se propone tomar el control de la empresa, si bien no ha decidido si lo hará por medio de la compra de acciones o mediante una expropiación.
Fuentes de la petrolera negaron las versiones sobre supuestas intenciones del gobierno de hacerse con el 33 por ciento de las acciones de la filial de Repsol en Argentina.