Con ocasión de celebrarse este 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, con la contaminación del aire como tema central, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), llamó este martes desde Santiago de Chile a los países de la región a generar políticas participativas, basadas en evidencia e información abierta, para enfrentar el problema.
En una declaración pública, el organismo de Naciones Unidas advirtió que la falta de información sobre las emisiones y la inexistencia de planes de gestión ante episodios críticos, que consideren activamente a las poblaciones más vulnerables, atentan contra el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y contra el desarrollo sostenible.
"La contaminación del aire se verá agravada en la región por el cambio climático, lo que constituirá una carga económica adicional para los sistemas de salud de los países", señaló la Cepal en el texto.
"Abordar la contaminación atmosférica local tiene beneficios adicionales en la lucha contra el cambio climático", subrayó.
Instó asimismo a una acción coordinada en los niveles local, nacional, regional e internacional para abordar este tema.
En este contexto, destacó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el
Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, como "un instrumento fundamental para abordar la problemática de la contaminación del aire al proporcionar un marco para la participación informada en la toma de decisiones".
La Cepal ejerce como Secretaría Técnica del mencionado Acuerdo, que se abrió a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe el 27 de septiembre de 2018 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Hasta la fecha ha sido firmado por 16 países y ya cuenta con una ratificación. Para entrar en vigor, requiere de 11 Estados parte.
Se trata, según la Cepal, del único tratado emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer tratado regional ambiental de los países de América Latina y el Caribe y el primero en contener disposiciones específicas vinculantes sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.