En reunión ordinaria, el órgano legislativo, que preside la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (PAN), coincidió en que, si bien la Ley General de Cambio Climático ya considera el concepto de “transporte sustentable”, es menester vincular la movilidad con la planificación y el desarrollo urbano, para crear una infraestructura que permita dar paso a la sustentabilidad.
La actual planeación urbana y de movilidad “puede llevar a las ciudades al colapso”, advierte el dictamen de la reforma, por lo que “el Estado debe reconocer sus compromisos y obligaciones con la población, a fin de dotarles de un sistema que cumpla con características de disponibilidad, accesibilidad y calidad”.
El documento refiere que la estrategia de expandir la red de avenidas y carreteras en la Ciudad de México para mejorar la movilidad urbana, genera un “círculo vicioso” que incrementa el uso del automóvil (y por ende las emisiones de gases de efecto invernadero) y provoca un crecimiento descontrolado de las ciudades.
Subraya que el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) ha señalado que a pesar de que existen fondos y programas para que los gobiernos locales inviertan en movilidad sustentable, los recursos se ejercen sin ninguna planeación integral de la ciudad y, normalmente, se destinan a proyectos que no logran vincularse entre sí.
“Si bien el transporte público es una facultad de los gobiernos locales, actualmente no existe una política federal en la materia que logre metodologías y lineamientos técnicos adecuados, a fin de alinear los incentivos entre los distintos órdenes de gobierno, para lograr una movilidad urbana sustentable”, agrega el ITDP.
Por lo anterior, la comisión consideró procedente la reforma a los artículos 8 y 9 de la Ley General de Cambio Climático para incluir la movilidad sustentable en las atribuciones de los municipios.
“Definitivamente, la transformación radical de las grandes ciudades para adoptarlas a un modelo que fomente urbes compactas con uso mixto de suelo y mejore la accesibilidad y reduzca la necesidad de transporte, es difícil; sin embargo, mucho podría hacerse teniendo presente este concepto”, concluye.
Durante el mismo encuentro, la comisión avaló otro dictamen de reforma a la misma norma para garantizar que la transparencia y el acceso a la información y la justicia en las políticas nacionales de cambio climático, se apeguen irrestrictamente a los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna.
Asimismo, se avaló otra enmienda a las leyes generales de Cambio Climático, de Desarrollo Forestal Sustentable y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, a fin de proteger zonas boscosas dedicadas al pastoreo intensivo que hayan rebasado su capacidad de recuperación natural.